SANTO DOMINGO .-República Dominicana necesita realizar una reforma en algún momento, tiempo que está cada vez más cerca, manifestó Magín Díaz, exdirector de Impuestos Internos al señalar que la prolongación de una revisión fiscal implica un mayor endeudamiento para el Estado

“Mientras prolonguemos la reforma el país tendrá un poco más de deuda, pero no hay riesgo de una crisis, se puede esperar un poco más”, dijo Díaz durante la conferencia Macro ideas: tendencia reciente en la tributación mundial, dictada por Alberto Barreix .

Díaz señaló que el presidente dominicano fue muy claro de que en este periodo no se realizaría reforma, por lo que entiende que esa discusión será para finales del próximo año o del 2025.

Fiscalización global
Alberto Barreix, quien ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que la pandemia ha elevado los niveles de deuda de los países tras la pandemia, situación que calificó de preocupante. Dijo que dentro de ese escenario de naciones que dependen de deudas, República Dominicana no está tan mal.

Al tocar el tema fiscal explicó los diferentes mecanismos que podrían mejorar el recaudó en la región.
Apuntó que la tecnología junto con el gasto permitirán una mejor gestión de los impuestos.

Resaltó que República Dominicana, como las naciones de América Latina, debe prestar atención a la evolución del consenso de 140 países para establecer una nueva fiscalidad internacional que traerá consigo grandes complejidades, obligará a diseñar nuevos marcos regulatorios y acarreará nuevos costos de cumplimiento.

Barreix advirtió que ante la opción de los países de continuar con una política tributaria autónoma obviando el consenso que se produjo en el cuarto trimestre de 2021, se asume el riesgo de menoscabar su integración comercial y financiera internacional.

El experto citó dos pilares que, a partir de 2024, se podrían convertir en convenios internacionales de adhesión voluntaria: se trata de introducir un mecanismo de reparto de las utilidades ‘extraordinarias’ generadas por las aproximadamente 120 ‘mega’ multinacionales más grandes y, como segundo enfoque, implementar un impuesto mínimo a la renta empresarial a los grupos multinacionales.

La primera opción abarca a las grandes empresas de al menos US$120 mil millones de ingresos, que contribuirían al fisco de los países donde poseen una cuota de mercado, incluso aunque no tengan presencia física.

“Esto se aplica a las megaempresas digitales y consiste en determinar su balance consolidado mundial y que se reparta la base imponible según el porcentaje de las ventas en cada país sobre las ventas globales del grupo”, destacó Barreix.

Propuesta

— Valoración
Barreix dijo que se debe analizar conveniencia de establecer un impuesto mínimo nacional, para evitar ceder recaudación a terceras jurisdicciones debido al establecimiento de este impuesto mínimo global.