“Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo”, Carlos Varela, cantautor.

Siempre se ha dicho, y es cierto, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y que hablando la gente se entiende. Además, todos sabemos que “el tiempo es oro”.

Por eso es muy positivo el diálogo en el que participan los partidos políticos y diversas entidades de la sociedad civil, incluidas las iglesias, que atendieron al llamado del presidente Luis Abinader, quien puso sobre la mesa 12 propuestas.

Históricamente, el poder se ha sido utilizado no para impulsar cambios, sino para frenarlos, salvo algunos casos en que “el poder detrás del trono” así lo consideró conveniente, por aquello de que es preferible “cambiar todo para que nada cambie” (como el viejo Gatopardo).

Sin embargo, hay raras excepciones en las que el nivel de comprensión y más aún la voluntad o la necesidad de dar un salto hacia adelante han hecho que desde el poder se promueva el cambio. Desde luego, para que el barco avance es preciso que el viento sople a favor, pero sobre todo hace falta el esfuerzo de los remeros, pues al final: solo el pueblo salva al pueblo.

Debemos pues estar vigilante al referido diálogo, para que no sea otra miserable pérdida de tiempo, como ya ocurrió antes.

Debemos estar atentos para que las reformas allí aprobadas no sean solo para beneficio exclusivo de un sector, sino de toda la sociedad, para que nuestras instituciones salgan fortalecidas, para que el procurador no dependa de un decreto presidencial. En ese sentido es buena y válida la propuesta presidencial.

Los defectos de la democracia se superan con más democracia. Por eso, lo que se apruebe debe ir en beneficio de una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones.

Ese diálogo y ese escenario son ideales para eliminar privilegios irritantes como los que tienen los senadores y diputados, que no se limitan al “barrilito”, sino que con solo cuatro años de trabajo (algunos ni siquiera asisten, mucho menos hacen propuestas) y ya por eso tenemos que pagarles una pensión de por vida, mientras que un médico o un guardia tiene que cotizar durante 30 años para obtener una pensión que oscila entre modesta y miserable.

También hay otros funcionarios no electos que disfrutan de privilegios inaceptables como son los miembros de la Junta Central Electoral que con solo cuatro años, aunque sean tan malos que haya que anular unas elecciones, ya les toca una pensión exagerada.

Hay otros órganos estatales, caso del Tribunal Constitucional, cuyos miembros también disfrutan de privilegios tan deleznables como el barrilito o el cofrecito de los “honorables” legisladores.
Todo eso debe ser barrido, si de verdad queremos avanzar.

El liderazgo político, social y empresarial debe convertir este diálogo en algo mucho más productivo que un simple “toma y daca”. Aprovechemos que la iniciativa viene de arriba.
Que esta vez el diálogo sea para avanzar, no para perder el tiempo… que a nadie le sobra.