Desde que se impuso el consumo de gas licuado de petróleo hay un pueblo cautivo de las plantas envasadoras de gas. Son dueñas del mercado nacional e imponen su forma de medida para expedir el producto.
En este sector está la inmensa mayoría de negocios multados por Pro Consumidor, por alterar los dispensadores y vender el volumen de ese combustible por debajo de la cantidad que pagan los usuarios.
El conjunto de empresas y establecimientos multados adeudan a la institución reguladora 19 millones 753 mil 550 pesos.
Los nombres y la localización de todos los negocios multados están disponibles. Son del dominio público. Estafan, son multados y se niegan a pagar. Todo indica que Pro Consumidor no puede avanzar más allá de la multa y la intimación de pago.
La información, sin embargo, ilustra de cómo ese sector viene esquilmando al pueblo dominicano.
Hay que sacar cuentas y suponer –ya que no hay datos disponibles– la cantidad de millones de pesos al mes que saca este sector de la menguada economía de cientos de miles de hogares dominicanos.
Este acto de estafa, tan flagrante y bochornoso, no debería quedar impune. Las autoridades, aliadas a Pro Consumidor, deben actuar.
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