Frederich E. Bergés
Cuando se analiza la deuda pública de nuestro país, suele expresarse la misma en términos de su relación porcentual con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
Es por ello por lo que se ha considerado como un éxito, y hasta destacado en análisis internacionales del comportamiento de nuestra economía, que el total de la deuda ha disminuido con respecto a su relación con el PIB.
Gracias a un manejo eficiente del perfil de vencimientos y los propios términos de esta por parte del Ministerio de Hacienda, la deuda del sector público no financiero (SPNF) registró una reducción de 56.6 % del PIB desde el inicio de la pandemia del Covid a un 47.2 % en la actualidad. La deuda externa se estima representa unos US$36,400 millones mientras que la deuda interna el equivalente a unos US$14,100 millones.
Sin embargo, hay otra forma de medición del peso de la deuda publica y esta es la cantidad de recursos financieros requeridos para servir la misma.
Esto es, cuantos dineros se necesitan para cubrir los pagos de intereses y las amortizaciones de capital pactados.
Es así como vemos que en la actualidad el estado tiene que destinar casi el 28 % del total de sus ingresos para cubrir estas obligaciones.
Inclusive esta relación toma aun mas importancia si consideramos que casi el 20 % de los recursos provistos por nuevos financiamientos serán destinados a cubrir obligaciones de la propia deuda.
O sea, se toman dineros prestados para pagar préstamos que ya se habían tomado en el pasado. Algo así como cuando el consumidor se enreda con sus tarjetas de crédito y tiene que tomar prestado para amortizar sus propias deudas.
Una deuda por otra.
Esta realidad pone sobre el tapete que necesitamos con urgencia cambiar como para los fines de toma de decisión, nuestra visión y ponderación del peso de la deuda publica de la nación.
No podemos seguir tomando prestado para para amortizar deudas, sustituyendo una por la otra, incrementando saldos adeudados, so pena de vernos como país más liados de lo que estamos.
