No hay una línea de razonamiento lógica para entender cómo la Presidencia de la República y varias instituciones autónomas, tienen una deuda multimillonaria con el Banco Agrícola que luce se hará impagable.
Entre los deudores del Banco está la Presidencia de la República, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y el Instituto Agrario Dominicano, con montos impresionantes. Sólo la Presidencia debe 493.4 millones de pesos.
El Congreso tiene pendiente de conocimiento el pedido que hace el administrador del Banco Agrícola para que modifique el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2011, y que incluyan las deudas de más 1,500 millones de pesos que reclama la institución financiera.
Se trata, naturalmente, de deudas acumuladas. De instituciones que de una u otra forma trabajan en la misma acera que el Banco Agrícola, que tienen una gran responsabilidad con las políticas de incentivo agrícola y que velan por la producción de alimentos en beneficio del pueblo dominicano.
El administrador hace un reclamo y presenta una debilidad. El reclamo de que se le pague y la debilidad de que no ha podido conseguir que administrativamente gente del área financiera del Gobierno ponga la sensibilidad necesaria para resolver un problema que irá creciendo, generando intereses y menguando el alcance y la capacidad de acción de una institución que tiene su historia y hace un trabajo muy sensible para el campo dominicano.
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