Patricia Arache.
A nadie le cabe dudas de que estamos en presencia de un hecho sin precedentes, en República Dominicana: el Ministerio Público inicia su propia «desparasitación».
El Ministerio Público está encabezado por la Procuraduría General, con su titular y los procuradores adjuntos; los procuradores de Corte de Apelación, los procuradores fiscales y los fiscalizadores; y, por supuesto que cuenta con órganos específicos, que también integran esa estructura del sistema de Justicia.
Entre esos órganos se cuentan las Direcciones General de Prisiones, la de Persecución, la de Carrera, la Administrativa, así como las Escuelas Nacional Penitenciaria y la del Ministerio Público.
En cada una de esas instancias y en las otras, que no hemos mencionado, se espera que el trabajo esté orientado al cumplimiento de la misión, visión y valores que rigen al Ministerio Público, definido como el órgano responsable de crear y establecer las políticas del Estado contra la criminalidad, en todas sus manifestaciones.
Pero, como este país es “muy especial”, un buen día se destapa el escándalo de que personas que conforman ese ministerio han utilizado sus privilegios de poder acceder a la maquinaria de control del crimen, para favorecer a quienes, precisamente, han incurrido en él, en distintas formas y momentos.
La Operación Gavilán, valientemente, dirigida por la procuradora general de la República, Mirian German Brito, y sus más cercanos colaboradores, incluyendo, a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, pone al desnudo un sistema judicial lleno de malezas y que demanda un accionar, sin contemplación, como el que están llevando a cabo las actuales autoridades.
Nunca antes se ha visto un compromiso tan visceral y frontal para combatir el crimen, sin importar donde se produzca o donde se haya anidado.
Estamos asistiendo a un momento histórico del que tendrá que hablarse, necesariamente, de un antes y un después en el Ministerio Público, cuya prometida independencia, sobre la cual no muchos dispensaban confianza, se pone a prueba continuamente con sobrados éxitos.
La Operación Gavilán, por la cual ya hay doce personas imputadas, sin que pueda dudarse que otros nombres salgan a relucir, que tienen medidas de coerción puede verse como una muestra de compromiso con la institucionalidad y con el cumplimiento de las leyes.
Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana, son cinco de los 12 imputados que guardarán prisión en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Najayo y de San Pedro de Macorís, por 18 meses, como medida de coerción.
Otros, llegaron a acuerdos con las autoridades y, de seguro que, aparte de confesar culpas, develaron uno que otro misterio de la trama criminal en la que participaban, lo cual no los priva totalmente de su libertad, pero tienen medidas de coerción distintas.
Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, tienen impedimento de salida del país y garantía económica.
Todos son reos de la ley, del dedo acusador de la sociedad y de la vergüenza propia y de la familia, mientras tanto.
Ojalá, el Ministerio Público mantenga el norte trazado, en agosto del año 2020, y haga prevalecer la visión establecida en sus estrategias institucionales:
“Ser un referente regional de excelencia y disponer de un capital humano altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del Estado de Derecho”.
Si el Ministerio Público se convirtiera en ese referente, y está dando muestras de que puede serlo, la sociedad dominicana tendría la oportunidad de estar orgullosa y satisfecha por el cumplimiento de la promesa del presidente Luis Abinader de que sería independiente y de la responsabilidad con la que lo han conducido sus principales autoridades.
¡Que siga la desparasitación en esa estructura, por el bien de la institucionalidad!
