Santo Domingo. Más de 10 mil litros de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas fueron ocupados por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante el desmantelamiento de un laboratorio clandestino localizado en las proximidades de un arroyo en el distrito municipal Barrera, municipio Azua.
Durante la intervención fueron encontrados 51 tanques que contenían aproximadamente 10,615 litros de la sustancia que se presume corresponde a bebidas alcohólicas adulteradas. Las autoridades estimaron que los recipientes tenían una capacidad de unos 55 galones cada uno, para un total aproximado de 2,805 galones.
En el operativo participaron agentes de la Subdirección Regional Sur Central de Inteligencia (DINTEL), Baní, la División Provincial de Inteligencia DINTEL-Azua y la Policía Preventiva de Azua, en coordinación con la Dirección de Área de Operaciones de Inteligencia y el Ministerio Público.
De acuerdo con el informe preliminar, el lugar era utilizado presuntamente para la elaboración y almacenamiento de bebidas alcohólicas adulteradas, actividad que es objeto de investigación por parte de las autoridades debido a los riesgos que este tipo de productos puede representar para la salud pública.
Responsables huyeron del lugar
Al momento de la llegada de los agentes y representantes del Ministerio Público, las personas que presuntamente se encontraban maniobrando los productos emprendieron la huida, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para establecer sus identidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
Los 51 tanques y demás productos ocupados quedaron bajo la custodia correspondiente y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que realizará las diligencias de investigación, así como las verificaciones y análisis técnicos necesarios para establecer la naturaleza y composición de su contenido.
La operación forma parte de las acciones desplegadas por las autoridades para combatir la elaboración, almacenamiento, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas o de procedencia ilícita en el país.
Las actuaciones podrían estar vinculadas con posibles violaciones a la Ley núm. 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, así como a la Ley General de Salud núm. 42-01, sus reglamentos y normas complementarias, sin perjuicio de otras infracciones que pudieran establecerse durante el proceso investigativo.
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