Víctor Féliz Solano
En los últimos años, nuestro país ha sido escenario de una serie de reformas que, más que promover el desarrollo de los gobiernos locales, parecen orientadas a debilitar su autonomía y capacidad de gestión.
Este fenómeno, que podría denominarse una «contrarreforma» del sector municipal, se evidencia en la promulgación de leyes que centralizan competencias anteriormente exclusivas de los ayuntamientos, la propuesta de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, y el incumplimiento sistemático del porcentaje presupuestario que, por ley, corresponde a los ayuntamientos.
El incumplimiento sistemático del porcentaje presupuestario que, por ley, debe ser asignado a los ayuntamientos es un claro indicio de esta contrarreforma.
La Ley 176-07 establece que los ayuntamientos deben recibir un 10 % del presupuesto nacional para cumplir con sus funciones, pero en la práctica, esta asignación nunca se ha cumplido.
Esta falta de financiamiento adecuado limita severamente la capacidad de los gobiernos locales para proporcionar servicios básicos, realizar inversiones en infraestructura y desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.
La constante reducción de los recursos destinados a los ayuntamientos es una señal clara de que se está debilitando deliberadamente su capacidad para gobernar y gestionar de manera efectiva.
La promulgación de la Ley 225-20, que regula la gestión integral de residuos sólidos, es un claro ejemplo de este proceso.
Antes de esta ley, los ayuntamientos eran los principales responsables de la gestión de residuos en sus respectivos territorios.
Sin embargo, con la nueva normativa, muchas de estas competencias han sido trasladadas a entidades nacionales como el Ministerio de Medio Ambiente.
Aunque los ayuntamientos conservan ciertas responsabilidades, como la recolección de residuos, su capacidad para decidir sobre la disposición final y la gestión integral ha sido considerablemente limitada.
Esta centralización no sólo reduce la autonomía de los gobiernos locales, sino que también pone en riesgo la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios recursos de manera eficaz y adaptada a sus realidades locales.
Otra manifestación de esta contrarreforma es la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta ley establece un marco normativo para la planificación y regulación del uso del suelo, función que históricamente ha sido competencia de los ayuntamientos.
Sin embargo, la ley centraliza el proceso de planificación, obligando a los municipios a alinearse con directrices establecidas a nivel nacional y regional.
Aunque la intención declarada es mejorar la planificación y asegurar un desarrollo más ordenado, la realidad es que esta centralización limita la capacidad de los gobiernos locales para responder de manera autónoma a las necesidades específicas de sus comunidades.
La planificación del uso del suelo es un aspecto crucial para el desarrollo local, y quitarles a los ayuntamientos el control sobre este proceso es una clara reducción de su poder y autonomía.
Ahora, la propuesta de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales es otro aspecto de esta contrarreforma.
Las elecciones municipales, al celebrarse de manera separada, permiten que los asuntos locales reciban la atención que merecen y que los ciudadanos puedan votar con un enfoque claro en las necesidades de sus comunidades.
Sin embargo, la unificación de las elecciones podría diluir esta atención, haciendo que las campañas locales se vean eclipsadas por las campañas presidenciales y congresuales.
Esto disminuye la importancia de los temas locales y reduce la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente sus comunidades.
La unificación de las elecciones podría favorecer a los partidos políticos nacionales, que tienen mayores recursos y visibilidad, en detrimento de las candidaturas locales que buscan resolver problemas específicos de cada municipio.
Todo este proceso vulnera la autonomía de los gobiernos locales, pone en riesgo el desarrollo equilibrado y sostenible de las comunidades en todo el país.
Es crucial que se reconozcan estas tendencias y se promuevan reformas que fortalezcan, en lugar de debilitar, el poder municipal y la democracia local.
