En la República Dominicana vivimos un apartheid social, una extrema desigualdad social. Somos dos sociedades en una. Uno de los tantos factores que hacen posible esa desigualdad lo constituye la marcada diferencia en sueldos y salarios existentes en el país.
La referida diferencia la podemos percibir poniendo como ejemplo las siguientes situaciones en el orden de los emolumentos mensuales.
Mientras el gobernador del Banco Central de nuestro país recibe un sueldo ascendente a RD$1,146,045; el vicegobernador RD$1,033, 970; el superintendente de Bancos RD$ 999,970 y el superintendente de Seguros recibe RD$800,000, un estudio de años próximos pasados presentado por el Ministerio de Administración Pública, titulado “La política salarial en el sector público”, establece que el 64.5 % de los empleados públicos percibía un salario de RD$10,000 o menos, lo que equivale a decir que los empleados con los salarios más elevados dentro del señalado porcentaje tendrían un salario 114.6 veces inferior al del gobernador y 99.9 veces menor al sueldo del superintendente de Bancos.
Extremas disimilitudes en sueldos y salarios son algunas de las razones del desequilibrio que nos tiene en condiciones muy lejanas para hablar de cohesión social, que impide hablar de una amplia clase media y que nos tiene con una marcada polarización de clases.
En nuestro país el sistema de empleo público no cuenta con una base de información completa, situación que da pie a la viabilidad de lacras y desigualdades inadmisibles. Un ejemplo es la existencia de diferencias significativas en la remuneración para los mismos cargos.
Este mismo descontrol hace que, bajo el procedimiento de la “discrecionalidad” o bajo el argumento de la “indexación” (ajuste de sueldos o salarios por inflación), se produzcan decisiones y acciones enteramente injustificadas.
En la anterior tesitura situamos el aumento de sueldo que se aprobaron recientemente los altos funcionarios de la Cámara de Cuentas.
Los señores funcionarios de la CC, quienes tienen un sueldo de lujo si lo comparamos con el que percibe la gran mayoría de los empleados públicos de nuestro país, han esgrimido para ello el argumento de la “indexación”.
Esta postura indebida debe ser objeto de interpelación y de la mayor sanción ética y moral.
Con esta actitud los funcionarios de la susodicha cámara vienen a ahondar desigualdades que no pueden ser, que indignan.
Si alguien en este país debe ser objeto de indexación son los empleados públicos y privados con emolumentos bajos y medios, quiénes no han visto desde hace años un justo aumento de sus salarios.
