Jochi Gómez
SANTO DOMINGO.-Desde 2017, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), vinculado al caso Camaleón, ha sido favorecido con varios contratos y concesiones del Estado dominicano, a través de empresas con las que mantiene relaciones directas o indirectas.
Un ejemplo de lo anterior son los contratos de los años 2017 y 2020, mediante el cual el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), luego de dos procesos de licitación pública nacional, otorgó la concepción del servicio para la instalación y operación de un Sistema Integral de Emisión de Licencias de Conducir Vehículos de Motor a la empresa Dekolor, S.R.L., la cual maneja los datos de los ciudadanos que adquieren licencias de conducir.
Así conta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los implicados en el caso Camaleón.
De igual forma, según establece el documento, en fecha 23 de junio del 2020, el imputado fue beneficiado por un contrato titulado «Acuerdo de Colaboración» entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, representada por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix, S.A.S., representada por Jochí Gómez en calidad de
director.
Este contrato no se encuentra registrado en los archivos del referido Ministerio, ni en la Contraloría General de la República.
El órgano acusador señala que en la empresa Aurix, S.A.S., el imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochí) no participa como gerente, sin embargo, aparece como beneficiario final de la misma, y posee participación accionaria a través de las empresas Dekolor, OML Inversiones SRL y Aquanil Advisor.
El documento explica que en abril del año 2022, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), para ese momento, Rafael Arias, inició un proyecto para mejorar la red semafórica del gran Santo Domingo, esto de la mano de Samuel Gregorio Raquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y del ingeniero Pedro Vinicio Padovani Báez, encargado del centro de control de tráfico y socio de Jochí.
En ese momento, de acuerdo al MP, este proyecto fue presupuestado en mil seiscientos cuarenta y ocho millones, noventa y tres mil doscientos setenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos (DOP$ 1,648,093,273.34). Con el fin de seguir obteniendo beneficios del Estado a través de ese proyecto, en fecha 17 de mayo de 2022, Jochí) adquirió en el NetWork Information Center .do, el dominio TRANSCORE.COM.DO, utilizando la tarjeta de crédito
VISA, terminal 0770, y asociando su dirección jose@aqua.com.do.
Una vez con la titularidad del referido dominio creó los correos electrónicos joerg@transcore.com.do, m.arcala@transcore.com.do, entre otros.
Luego, utilizando el correo electrónico joerg@transcore.com.do, en fecha ocho (08) de junio del 2022, remitió un mensaje al señor Julio César Martínez, abogado especialista en sociedades comerciales, y, usurpando la identidad de Jorg Brinkmeyer, le solicitó registrar en República Dominicana la compañía Transcore LP, LLC, pero bajo el nombre de Transcore Latam, S.R.L.
Ese mismo día Jochí se presentó ante el abogado Julio César Martínez para coordinar la forma en que se constituiría la empresa, definiéndose que
sería con un capital social de DOP$ 1,000,000.00 y con el objeto social consistente en “la ejecución, construcción y diseño de soluciones viales, implementación de dispositivo de seguridad para la emisión de documentos personales, distribución y lienta de equipos de seguridad, integración de todas las operaciones y controles de estaciones de peajes, permitiendo administrar local y remotamente los equipos de cada vía y su interconexión con los centros de control operativo, desarrollar sistemas avanzados de gestión y control de tráficos.
Además, desarrollo de soluciones para la administración pública, sistemas de seguridad vial, gestión de expedientes sancionadores, infracciones de tránsito al igual que utilizar la experiencia técnica y tecnología, capital humano y financiero y recursos ya existentes entre los años de experiencia de cada accionistas, su catálogo de productos a través de filiales en diferentes países y así formar de manera conjunta TRANSCORE LATAM, SRL para expandir su catálogo de ofertas y productos, en especial participar en licitaciones vinculadas a su rama y tener presencia directa en República Dominicana.
» Este objeto social se convirtió posteriormente en la base del pliego de condiciones utilizado en la adjudicación fraudulenta objeto de esta investigación», señala el MP.
