Como si fuera posible regular a los conductores de motocicletas dedicados al reparto a domicilio comúnmente denominado “delíveris”, una entidad pública responsable de la regulación del tránsito y el transporte por vía terrestre ha informado que trabaja una resolución con la que espera poner orden a los que se dedican a esta forma de entrega de pedidos.
Sin duda, los repartidores de pedidos son parte del caótico tránsito en el Gran Santo Domingo, pero no son los únicos, ni siquiera los más importantes.
El anuncio del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, porque es de esta entidad de la que ha salido el anuncio de que promoverá una resolución para poner orden a los repartidores en motocicletas, podrá llegar tan lejos como hasta una resma de papel timbrado, pero no más allá.
Para que sea efectiva por vía de las normas, cualquier medida dirigida a organizar y someter al orden a quienes conducen motos en el país debe pasar por el registro de estos vehículos.
Es sabido, sin embargo, que hasta ahora esto ha sido imposible.
Con este propósito fueron organizadas extendidas jornadas en varias provincias impulsadas desde el Ministerio de Interior y Policía sin que hasta ahora se haya tenido noticia de una conclusión satisfactoria del proceso.
El registro de estos vehículos debería de ser suficiente para poder perseguir a conductores o propietarios por saltarse las reglas, cuando del orden público se trate, o por daños y perjuicios, cuando de lesiones a particulares o averías a la propiedad se trate.
Y no debe ser tan simple como amenazar a quienes conducen estos vehículos. El de las motocicletas es también un negocio en el que intervienen importadores, ensambladores o fabricantes y en este punto, si hemos de hablar de desorden, la Administración también tiene su parte.
Desde luego, Haití siempre será una pizarra cargada de enseñanzas. Allí también la descomposición empezó por partes.
