«La Otra Alternativa». La puesta en circulación de esta tesis autoría del exembajador dominicano en Japón, Héctor «Papín» Domínguez, reintroduce en el escenario político dominicano el debate sobre el modelo de ordenamiento territorial, donde el primer desafío es la cruda realidad de un estado históricamente presidencialista.
Al margen de si sería prioridad ante las limitaciones formativas y educativas y otros pasos mostrencos en el caminar de la administración pública, lo más razonable sería contrastar las ventajas fiscales con los desafíos técnicos.
El principal beneficio de la propuesta de Domínguez desmontaría el control discrecional del Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto Nacional, dotando de autonomía financiera a los gobiernos locales y elegir de forma directa a las autoridades provinciales.
Basada en una libre elección, la administración descentralizada permitiría que los municipios utilicen los recursos generados a nivel local para responder directamente a las necesidades de sus electores.
El mayor obstáculo para aplicar esta tesis es la debilidad institucional que arrastran la mayoría de las alcaldías.
La Ley de la Liga Municipal establece una asignación presupuestaria que los gobiernos centrales rara vez cumplen por completo. Sin embargo, los municipios tampoco han demostrado una racionalización idónea de esos fondo.
Una descentralización basada en los recursos generados en cada localidad podría profundizar la desigualdad. Provincias con alta actividad turística, industrial o minera se capitalizarían rápidamente, mientras que las deprimidas de la zona fronteriza o del sur profundo quedarían marginadas al no contar con un fondo centralizado fuerte que redistribuya la riqueza de manera solidaria.
La centralización excesiva de las decisiones limitan la capacidad operativa de los gobiernos locales, convirtiendo a los ayuntamientos en entidades principalmente asistenciales en lugar de promotoras de desarrollo.
No obstante, una reforma de esta envergadura, apadrinada por el Centro de Investigación y Promoción Municipal (CEPROMU), exige sopesar los desafíos institucionales implícitos.
La conversión hacia una estructura descentralizada requiere no solo de voluntad política, sino de una profunda maduración en las capacidades de gestión y fiscalización del liderazgo nacional.
Sin mecanismos estrictos de transparencia, control financiero y rendición de cuentas, la transferencia de recursos y la creación de nuevas cuotas de poder se correría el riesgo de atomizar la burocracia o reproducir esquemas de clientelismo regional.
La propuesta no debe entenderse únicamente como el reparto de la ventanilla fiscal, sino como la transferencia corresponsable de competencias técnicas, normativas y administrativas.
«La Otra Alternativa» coloca sobre la mesa una discusión impostergable sobre el futuro del ordenamiento y la gobernanza. Más allá de las complejidades jurídicas que implica, la propuesta obliga a repensar si el actual diseño estatal responde a las necesidades reales del siglo XXI.
