Hay dos aspectos íntimamente vinculados a la importación y venta de armas de fuego que son inocultables. Existe un comercio formal de ventas de este tipo de artículo y las estadísticas de la violencia por su uso están en constante aumento.
Todavía tengan un precio exorbitante son muchos los dominicanos que se ven tentados a comprar un arma de fuego. La iniciativa de regular su uso y control mediante una ley es motivo de posiciones encontradas en diversos sectores de la sociedad. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero falta la instancia del Senado para su sanción definitiva.
En ese orden el periodo de discusión se extiende. La posición más firme la tiene la Procuraduría General de la República. En esa instancia se aboga por penas más severas por el uso ilegal de armas de fuego.
No se estaría hablando de ese proyecto de ley si los organismos competentes estuvieran jugando su papel en el Estado.
La inseguridad ciudadana ha llegado a niveles alarmantes, pero armar a la sociedad civil y que se regule su uso por una ley no será nunca la mejor solución.
Hay que volver al punto en que solo las armas estaban en manos de la Policía y los cuerpos militares. Siempre hemos sido partidarios de un desarme total de la población civil; y todavía defendemos esa posición.
