El tema del desarme general, parcial o por etapas de la población civil es muy recurrente, sobre todo cuando un hecho de sangre trasciende y lo retoma una de las autoridades que deben incidir en presentar y discutir un plan que se proponga ese objetivo.
No pasa de ser una disculpa elegante la del Procurador General de la República cuando plantea que esa responsabilidad, la del desarme civil, no está dentro de su jurisdicción y que por tanto corresponde al Ministerio de Interior tomar una decisión en ese caso. Acto seguido favorece que en una primera etapa se recojan todas las armas ilegales que están en manos de delincuentes y que luego se proceda a un desarme de la población civil en sentido general.
En tal caso, ¿dónde están los planes para iniciar esa primera etapa? ¿Cuándo planteará la Procuraduría discutir ese plan para la primera etapa? ¿Lo hará cuanto antes con el Ministerio de Interior y la Policía Nacional? Luego de discutirlo, ¿cómo lo harán público el Procurador y las instancias responsables?
La inquietud del plan siempre ha existido, pero qué mecanismos harán falta para, primero, localizar a todos los delincuentes y pasar a desarmarlos, en una primera etapa; y luego, ¿cómo se hará con la población civil, amparada por la ley para el porte y uso de armas de fuego?
Plantear soluciones, exponerlas, ver la información impresa o difundida por los medios de comunicación es muy alentador, pero la solución no está en que se quede ahí, en las páginas, fotos y videos difundidos. Falta voluntad para detener la escalada de agresión y muerte por el uso de las armas de fuego. Hace falta que un movimiento nacional conjugue fuerzas y esfuerzos en esa dirección. De lo contrario seguirá el problema, los asesinatos, las muertes y la pérdida de vidas humanas; y más aún, seguiremos a expensas de planteamientos aéreos y sin ninguna trascendencia por parte de las autoridades.
