El debate no es nuevo, ni será viejo, sino que cada cierto tiempo se recicla, como todo en el país. Pero el desarme de la población que porte un arma ilegal debe ser objeto de una amplia discusión que conduzca al objetivo común de preservar la integridad física de los ciudadanos y así garantizar el clima de seguridad.
Es alarmante la cantidad de muertes mediante el porte y tenencia de armas ilegales, por lo que debe producirse una acción concreta desde el Estado.
También deben ser despojados de sus armas aquellas personas con permisos correspondientes, pero que no califican para su uso.
¿Y entonces?
La mayor preocupación radica en que los delincuentes tendrían facilidad para adquirir armas y la ciudadanía estaría obligada a gestionarlas amparadas en la legislación.
