Santo Domingo.- El libro concebido para abordar los problemas de las desapariciones forzadas en República Dominicana incluye un conjunto de ensayos fronterizos que contribuyen a una mejor explicación del fenómeno más inquietante del tiempo presente: las desapariciones de personas.
Con cubierta del pintor José Abud, y bajo el sello editorial de la Editora 12 de Octubre, Serie Urbi Et Orbi, Vol. II, sale a la luz en diciembre de 2021.
Los Desaparecidos forzados y otros ensayos antropológicos breves es un libro concentrado, aunque no tan profundo que haya logrado avasallar la historia de ese escalofriante y tormentoso fenómeno político y social. Su principal característica es la de ahondar en el pasado desde una situación de presente: los que desaparecen, en el marco de un país, que se ha vuelto “un mundo geográficamente dilatado, enorme, casi un país en sí”. Porque los desaparecidos son muchos; los de antes, y los de ahora.
Aunque quede claro que los tiempos actuales son distintos en cuanto a ese tipo de situaciones, la memoria debe pervivir al recuerdo.
Es un libro contra el olvido, contra la identidad perdida de las víctimas y contra la voluntad preconcebida de quienes los desaparecen.
Por ello, la parte más difícil de este libro se reveló en el momento de revisar el manuscrito original. Es decir, escribir sobre la vida sin una explicación de los que ya no existen, la necesidad de describir lo que pasó, la huella por aparecer, y, sobre todo, la memoria de sus familias.
En los demás ensayos se mencionan los hitos del proceso histórico, policial, por el cual se formó y se amplió la categoría de los desaparecidos forzados. Al margen de los temas, que están de moda por el momento, esperamos surja una literatura propia, y una antropología de las desapariciones.
Nutrido en informaciones que provinieron del otrora Comité Dominicano de Familiares de Presos, Muertos y Desaparecidos, fundado el 25 de noviembre de 1966, documentos de la Guerra de Abril, las Convenciones internacionales contra la Tortura, Desapariciones de Personas, leyes de Memoria Histórica, museografía funeraria, incidencia de la antropología forense, la ciencia y la Justicia, sobre todo de las identificación de los restos óseos de personas desaparecidas; el capítulo de la subcultura policial, la identidad inquieta de los agentes policiales, los planes de la reforma que incide indirectamente en el problema de las desapariciones, hasta llegar a las desapariciones forzadas: la memoria incógnita, la cuenta de aspectos más relevantes entre los que se destacan: la experiencia dominicana que no ha llegado a un correcto desvelamiento de la magnitud del problema científico del fenómeno de las desaparición forzada de personas; describir la Era dominicana de las desapariciones forzadas de personas que ocurrieron entre 1965-1978, y que constituyó una “guerra sucia”, un modelo de persecución y detenidos-desaparecidos, como resultado de la acción estatal o paraestatal ejercida sobre los que adversaban al régimen dictatorial y al “desgobierno” de los oprobiosos 12 Años de Balaguer; la investigación de los desaparecidos forzados, que desde las Naciones Unidas empezaron a investigar ciertas violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la Policía, los militares, por organismos de la seguridad interna; el nombrado desaparecido, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Y por supuesto las figuras internacionales de las Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas (2007); la búsqueda de los desaparecidos forzados, que se inicia en la época de los 70, y que todavía no tiene lugar en nuestro país; finalmente, el fenómeno del traslado forzoso de población, que vincula a la inmigración de haitianos, como grandes masas de personas, con arrastre a la población, están surgiendo con fines de esclavitud o servidumbre en fábricas, en fincas, en construcciones de obras de edificios; las “expulsión involuntaria” de la población haitiana hacia su país por las repatriaciones indirectas del Estado dominicano hacia el oeste de nuevo.
El libro retoma restablecer la Comisión de la Verdad, desde la primera forma hasta la última versión que ha usado en materia de los desaparecidos. Las primeras Comisiones de la Verdad no usaron ese nombre, sino Comisión Nacional de Investigación sobre Desapariciones. Pero lo importante es que sean ordenada por el Estado dominicano.
¿Por qué, ahora? Porque las investigaciones realizadas por las Comisiones de la Verdad permiten reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación de los daños, e impedir la impunidad en beneficio de quienes se hubiesen visto implicados en violaciones de los derechos humanos, evitando que sigan ocupando cargos públicos, que configuran situaciones contrarias al Estado social y democrático.
En algunos casos, las Comisiones de la Verdad surgen de un mandato legal, por medio del cual, los gobiernos, presionados por los grupos defensores de los derechos humanos, y tras una serie de negociaciones y acuerdos políticos, encargan la investigación de tales violaciones a un grupo de expertos.
En otros casos, las Comisiones de la Verdad tienen su origen en el trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, las cuales desarrollan un esfuerzo casi clandestino para investigar los graves hechos de violencia. ¿Cuál es la experiencia dominicana? Estamos inermes ante esta cuestión.
Porque, lamentablemente, ninguna Comisión de la Verdad de nuestra nación no ha sido creada con la finalidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos, sino todo lo contrario, para encubrirlas, procurándose para darle un respaldo a la “verdad” oficial.
Tal fue el caso de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento del caso de Narcisazo (el mayor desaparecido), aunque afortunadamente el caso sigue abierto: el Estado dominicano no ha declarado su muerte.
Hoja de Vida
Wilfredo Mora García (Santo Domingo, 1965). Es egresado de la Universidad Estatal de Rostov del Don, antigua URSS, de criminología y ciencias forenses (1991), de abogado en la UCSD y de antropólogo (UASD).
Realizó estudios de Doctorando de Derecho del Programa “Sociedad Democrática, Estado y Derecho”, por la Universidad del País Vasco (2005) (sin tesis). Actualmente es Investigador de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Registro Civil (EFEC).
Presidió la Sociedad Dominicana de Criminología, fundada en el 2000. Es autor de varias obras dedicadas a la criminología y la cuestión penitenciaria nacional; es director de la Colección Editorial Pensamiento Criminológico Dominicano, fundada el 22 de julio del 2000, y de la Revista Dominicana de Criminología.
Fue Asesor Nacional Externo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados (2003-2004), que conoció la primera propuesta de creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en República Dominicana, en 2004.
