Desalojo en Teleofertas ejecuta decisiones judiciales firmes tras más de 20 años de litigio
Las autoridades notificaron previamente a los ocupantes y establecieron los plazos correspondientes para la ejecución del desalojo
Santo Domingo. – El desalojo realizado en los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores del Distrito Nacional, responde a la ejecución de decisiones judiciales definitivas que, durante más de dos décadas, han confirmado el derecho de propiedad sobre dichos terrenos.
El proceso, que se extendió por más de 20 años, culminó con fallos firmes de todas las instancias judiciales del país, incluyendo tribunales de tierras, jurisdicción administrativa y la Suprema Corte de Justicia, las cuales ratificaron de manera concluyente la titularidad del inmueble.
Según consta en los registros oficiales, la propiedad fue adquirida en 1982 por Rafael Eduardo Selman Hasbún mediante contrato de compraventa, cuya legalidad fue posteriormente validada por el Tribunal Superior de Tierras en 2006. Desde 2004, los terrenos fueron ocupados por personas y entidades sin título de propiedad registrado, lo que dio origen a múltiples litigios en distintas jurisdicciones.
Todos los recursos interpuestos por los ocupantes fueron rechazados, consolidando la autoridad de la cosa juzgada y dando paso a la ejecución legal del desalojo. En ese contexto, el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria autorizó el uso de la fuerza pública mediante la Resolución No. 596, de fecha 25 de septiembre de 2025.
Las autoridades notificaron previamente a los ocupantes y otorgaron los plazos correspondientes, asegurando el cumplimiento del debido proceso. El operativo se llevó a cabo con acompañamiento institucional y conforme a los protocolos establecidos, procurando garantizar el respeto a la dignidad de las personas involucradas.
El propietario reiteró que la actuación se ha realizado en estricto apego a la ley y a las decisiones de los tribunales dominicanos, subrayando que se trata de la ejecución de sentencias firmes que consolidan el derecho de propiedad.
