En el imaginario social dominicano aun repercute la crisis pos electoral del año 1994, la cual puso en peligro la paz social y cuestionó la propia soberanía nacional porque requirió, para superarla, de la intervención de gobiernos y de organismos internacionales.
Afortunadamente se trata de tiempos que quedaron en el pasado. Desde entonces, se han llevado a cabo los comicios municipales, congresuales y presidenciales de manera regulares, registrándose solamente los resabios propios de algunos de los perdedores.
No obstante, una efectiva democracia electoral entraña desafíos, incluida la actual nuestra, que deben ser prevenidos con inteligencia.
Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.
En el contexto anterior, la Junta Central Electoral (JCE) acaba de adoptar una medida que ha llamado la atención de la sociedad.
Y se trata de la decisión, a partir del informe de la Comisión de Asesores Informáticos que evaluó los equipos de utilizados en las elecciones pasadas para captar las huellas de los concurrentes y el conteo de votos, no utilizarlos en las de 2020, bajo el argumento de que tuvieron un desempeño inconsistente y poco fiable.
La Comisión de Asesores Informáticos está integrada por los encargados de tecnología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Banco Popular Dominicano y la Cervecería Nacional Dominicana (Grupo León Jimenes).
Mientras que el órgano pretende volver a implementar los escáneres que, estima, resultaron mejores para los procesos electorales de 2008, 2010 y 2012, usados para la transmisión de resultados.
Pondrá, además, un empeño especial en educar a las personas que trabajarán en los colegios electorales mediante una formación en cursos presenciales y a través de la modalidad en línea.
Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud por los ciudadanos y ciudadanas, especialmente las élites.
De hecho, el extinto jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio afirma que “se trata del procedimiento legal para elegir a quien debe tomar las decisiones públicas y cómo debe hacer; y la regla fundamental es el respeto a la mayoría.
De ello habría que establecer que la democracia no es buena ni mala en sí misma, pero constituye el sistema por excelencia para que libremente podamos elegir y ser elegidos, en escenarios en que se toman decisiones colectivas.
Al efecto, el cientista político Dieter Nohlen ha dicho que “en América Latina es imperioso tomar en cuenta que la justicia electoral no es un oficio rutinario dentro de una democracia establecida basado en una sociedad con fuertes raíces democráticas, sino una agenda en un proceso dinámico vacilante en el contexto de una cultura política generalizada no concordante con los principios éticos que están insertados en el concepto normativo”.
Aun en medio de esa realidad, no existe razón para dudar que las autoridades electorales superarán los eventuales desafíos y organizarán unas elecciones libres y democráticas en el año 2020.
Todo esto sin olvidar el mal recuerdo del proceso electoral de 1994.
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