La comisión especial del Senado de la República responsable de la evaluación de los aspirantes a integrar la nueva composición de la Junta Central Electoral (JCE) inicia este lunes la difícil tarea de depuración de los cientos de expedientes depositados en poco más de una semana.

La conformación del referido órgano representa, sin lugar a dudas, un enorme desafío para los senadores, debido a las altas expectativas creadas en la sociedad dominicana, en momentos en que aún repercute la abrupta suspensión de las elecciones municipales que estaban previstas de llevarse a cabo en febrero, y que obligó a que las congresuales y presidenciales tuvieran que postergarse hasta el 5 de julio; un frustrante acontecimiento nunca visto en la historia del país.

Alrededor de 300 profesionales del derecho, la informática, la comunicación social, la administración, las ciencias políticas y de otras áreas han aplicado para los diez puestos disponibles, cinco titulares en igual número de suplentes, cuya responsabilidad será la de gerenciar la JCE durante el período 2020-2024.

Diferentes sectores de la sociedad han venido expresando sus pareceres acerca de los perfiles de los miembros a ser designados, lo que pone mayor presión a la comisión de senadores integrada el representante de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo De los Santos, quien la preside; y la completan Bautista Rojas Gómez, Hermanas Mirabal; José Del Castillo Saviñón, Barahona; Ramón Rogelio Genao, La Vega; Antonio Taveras Guzmán, Santo Domingo; Faride Raful, Distrito Nacional; Iván Silva Fernández, La Romana; Franklin Rodríguez, San Cristóbal; y Melania Salvador Jiménez, Bahoruco.

De conformidad con lo que establece el artículo 80, numeral 4, y el artículo 212 en su párrafo 1, de la Constitución de la República, es atribución del Senado de la República elegir a los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, por un período de cuatro años, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes

República Dominicana requiere de fortalecer sus sistemas de partidos y electoral, como contribución a la consolidación de la institucionalidad democrática. Y aunque parezca ilusorio, en la actual coyuntura, una cuestión nodal radica en conformar un órgano electoral libre de injerencias de ningún tipo, particularmente de las cúpulas políticas y de organizaciones de la sociedad civil.

El colapso de los comicios municipales evidenció que carecemos de una efectiva democracia electoral. Esta se entiende como el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por autoridades capaces y honestas.

El significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud por los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo por las élites. De hecho, el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio afirma que “se trata del procedimiento legal para elegir a quién debe tomar las decisiones públicas”.

En el contexto anterior, el cientista político Dieter Nohlen ha dicho que “en América Latina es imperioso tomar en cuenta que la justicia electoral no es un oficio rutinario dentro de una democracia establecida basado en una sociedad con fuertes raíces democráticas, sino una agenda en un proceso dinámico vacilante en el contexto de una cultura política generalizada no concordante con los principios éticos que están insertados en el concepto normativo”.

Visto esto, el Senado de la República debe estar consciente de que la tarea de seleccionar a los mejores candidatos a la JCE representa un desafío importante, y para lo cual está en la responsabilidad de colocarse a la altura de las circunstancias.