En medio de un complejo y desafiante panorama político y electoral, la democracia dominicana tendrá que superar la prueba de celebrar, sin traumas, los comicios municipales, congresuales y presidenciales previstos para el 2024.

El primer elemento de complejidad viene dado por lo competitivo que luce el certamen, sobre todo luego de conocerse oficialmente el pacto electoral firmado entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD).

Ninguna de las principales fuerzas políticas querrá perder las elecciones, en un ambiente en que el presidente Luis Abinader, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), confía quedarse en la Presidencia de la República; y los opositores Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, también se consideran en el camino de subir las escalinatas del Palacio Nacional para prestar juramento el 16 de agosto del próximo año.

Esta situación es otro elemento desafiante, porque pone presión a una Junta Central Electoral (JCE) que estará bajo la lupa de los partidos políticos de la oposición a lo largo del proceso electoral.

Las expectativas en torno al panorama político y electoral irán en aumento en la medida en que se aproximen las fechas de convocatorias a las asambleas electorales, primero, en las elecciones municipales de febrero; y especialmente, en segundo lugar, en las congresuales y presidenciales de mayo.

La estrategia de criminalización de la actividad política que, para parte de una población, ha impulsado la actual administración perremeísta, le condiciona a hacer lo que esté a su alcance en procura de mantenerse en el poder. Los oficialistas no son ajenos a que, de ser desalojados del Palacio Nacional, les aplicarán la otrora Ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente.

Mientras que el hecho de que las tres principales agrupaciones políticas de la oposición decidieron pactar, muestra una clara decisión de frenar una posible continuidad del presidente Abinader en la Presidencia de la República.
Corresponderá a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos y a los demás actores del Sistema Electoral Dominicano asumir correctamente sus respectivas responsabilidades para la celebración de unos comicios diáfanos y que arrojen resultados incuestionables.

La Constitución de la República confiere la facultad a la Junta Central Electoral, en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.

De manera particular, en el párrafo IV, del artículo 212, establece: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

Existe el imperativo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y la realización de todos los actos lícitos para solventar las referidas prerrogativas, dentro de un Estado Social Democrático de Derechos. De hecho, los partidos políticos son los más llamados a entender el momento de prueba en que vive la democracia

En honor a la verdad, las autoridades electorales realizan los esfuerzos necesarios para organizar adecuadamente el proceso electoral; se espera igual comportamiento de los demás actores.

Una efectiva democracia electoral entraña desafíos que demandan ser gestionados con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.

Confiamos en la organización de unas elecciones que sean orgullo para el pueblo dominicano.