El presidente Medina otorgó en abril pasado, mediante el decreto 35-15, poderes especiales al director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar para que en representación del Estado dominicano y a título de donación ceda y transfiera determinados terrenos e inmuebles al Instituto Agrario Dominicano, a fin de que este organismo pueda cumplir la promesa del Mandatario de entregar los títulos definitivos de propiedad a cientos de parceleros.
Hasta ahora no se han cumplido esas instrucciones.
Nos resistimos a pensar que funcionario alguno actúe por encima de las decisiones del Presidente de la República.
En este caso el director ejecutivo del CEA no solo parece desacatar la disposición presidencial, sino que también ha puesto al IAD en una situación difícil de que no puede cumplir con el Plan de Titulación Nacional dispuesto por el Primer Ejecutivo de la nación.
Esta situación, por otra parte, contribuye a estancar importantes acuerdos, convenios y préstamos que a favor de los parceleros y sus familiares tienen programado hacer el Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario, el Bagrícola, el Indrhi e incluso el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El desarrollo agropecuario de una zona cualquiera no se debe detener por la actitud de ningún funcionario.
Sería oportuno conocer las razones que impiden que una disposición del presidente Medina no sea acatada en un tiempo prudente y que finalmente los beneficiarios puedan disponer de sus títulos que los facultarán para actuar con apego a las normativas inmobiliarias vigentes.
