La segunda mitad del siglo XX se vio marcada por la pugna entre dos formas de ver la realidad económica de la vida en libertad.

Para una, las condiciones materiales son fundamentales para la vida en sociedad y, por ello, debían ser alcanzadas antes de que la ciudadanía ejerciera su libertad a plenitud.

Para la otra, esas condiciones materiales son el resultado de la libertad y, consecuentemente, los ciudadanos no deben encontrar ningún obstáculo al ejercicio de su voluntad, incluso cuando perjudiquen a los demás.

Tan enconado fue el enfrentamiento que durante décadas el mundo se mantuvo en vilo esperando en cualquier momento su destrucción total.

Llevadas al extremo, ambas formas de ver el mundo fracasaron. Por un lado, la eterna posposición de la liberalización en nombre de una prosperidad que no llegaba hizo que cientos de millones de seres humanos se rebelaran en contra de la utopía.

Por el otro, poco después de proclamarse eterna vencedora y guardiana del fin de la historia, la visión contrincante hubo de enfrentarse a sus contradicciones internas. La acumulación excesiva de riquezas en unas pocas manos convirtió la libertad en una promesa hueca.

La historia ha demostrado que las sociedades exigen tanto condiciones materiales dignas como un estado de libertad satisfactorio.

Pretender que uno de estos elementos puede sustituir al otro, o que pueden operar por separado, es ignorar las lecciones constantes que nos deja el tiempo.

Para ser libre políticamente se debe también estar libre de las necesidades básicas; para producir las riquezas necesarias para cubrir las necesidades básicas de todos es imprescindible que las personas puedan actuar libremente.

De ahí que, en realidad, no tiene sentido la distinción que hacen muchos entre los derechos sociales y los derechos políticos. Son caras de la misma moneda, ninguno es más fundamental que el otro.

Nuestra Constitución busca equilibrar estos valores, presentando los derechos sociales y las libertades políticas como partes indisociables de nuestro proyecto de nación.

Si queremos fortalecer nuestra democracia debemos fortalecer el régimen de derechos sociales, paso previo a que nuestros ciudadanos dejen de estar atrapados en la lucha por la supervivencia. Por ello, y a pesar de lo mucho que se esfuerzan algunos en convencernos de lo contrario, atacar los derechos sociales es poner en peligro la democracia misma.