Wilfredo Mora
Entre las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está la de sistematizar cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos en tierras americanas.
El conocimiento de estos casos tiene lugar y se refleja en la lucha de las organizaciones de derechos humanos, que son las que sirven de voceros de las víctimas de estas violaciones.
Decir derecho a la verdad es una incursión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que lucha por la búsqueda de la justicia, ese binomio verdad-justicia, aunque se reconoce que la impunidad es el principal obstáculo de la democracia.
La razón porque nadie pone en práctica el derecho a la verdad, es porque todavía se continúa viviendo en un sistema de impunidad, de una negación de justicia, que constituye una violación del derecho al acceso a la información, en la que corresponde al Estado ser el garante que informe de los casos en que ha ocurrido una violación de derechos humanos, de personas que han sido asesinadas, secuestradas, desaparecidas, o torturadas, para que no interfieran con el poder estatal.
El derecho a la verdad clama por una justicia imparcial y objetiva que, aunque no sea individual, debe permitir recuperar la dignidad de quienes han sido víctimas directas e indirectas de estas violaciones. Los poderes fácticos se empecinan en decir que esa verdad no existió, con la cual no puede dar paso a la justicia, y se insista en continuar viviendo bajo formas autoritarias de gobierno.
Muchos países no quieren ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque esto puede ser la excusa para no dar el paso hacia la democracia.
En la voz de una gran activista de Guatemala, Helen Mack, en la Presentación del informe: Derecho a la verdad en América (2015), cuando dijo: “los gobiernos resisten a la CIDH, primero porque le sirve de conciencia; segundo porque no quieren oír nada de impunidad, y tercero, porque no les interesa el respeto a los derechos humanos”.
Los Estados miembros también se enfrentan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos negando la responsabilidad de sus militares y de las violaciones de derechos humanos cometidas durante sus gobiernos.
Afortunadamente muchos países latinoamericanos cuentan con la Comisión Internacional Contra la Impunidad, a través de las cuales una familia o una organización de derechos humanos puede querellarse contra militares o contra el mismo Estado, y en base a ello lograr importantes condenas y resarcimientos dinerarios a las familias.
Desde 1980, se abrieron muchos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se dieron muchos fallos en los que los gobiernos pagaron indemnizaciones a los familiares de las víctimas de estas violaciones.
Particularmente por los casos de desaparecidos forzados, por las ejecuciones extrajudiciales sumarias llevadas a cabo por los militares en el pasado, y por los policías, en casos de muertes selectivas y torturas en el pasado-presente; en general, por todas las formas de violaciones, que ha significado como un gran río de sangre en esta América, que todavía se enfrenta a casos en los que los Estados no admiten ni reconocen que fueron los responsables de tanto dolor e injusticia.
Finalmente, “la CIDH considera el derecho a la verdad la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental”.
Este derecho, se conforma como un apoyo primordial para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático. Para que no se repitan esos hechos.
