El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) emitió un auto descargando a la Junta Central Electoral de la acusación sobre supuestas irregularidades en la firma y ejecución del contrato con la empresa SOMO que le formulara el anterior secretario general del tribunal, Antonio Aquiles Lockward, poco después de que fuera sustituido del cargo.
Los ataques se centraron en el juez presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, único de los actuales miembros de la Junta que formó parte de la Junta anterior a la que ahora encabeza el magistrado Julio César Castaños Guzmán.
El director del DPCA, Hotoniel Bonilla, acudió en la mañana de este jueves al despacho del presidente del tribunal electoral, Castaños Guzmán y le entregó el auto de descargo al determinar que las acusaciones no tenían fundamentos y que no se detectaron indicios de irregularidades en la firma del citado contrato.
Algunos jueces de la actual Junta, especialmente la magistrado Aura Celeste Fernández, cuestionaron el contrato para la automatización del registro civil y otros procesos que brinda el tribunal. Incluso la ejecución fue suspendida de manera unilateral y se mandó a realizar una auditoría, que tampoco arrojó irregularidades.
