Hay instituciones dominicanas al servicio del orden y la justicia que asumen papeles comprensibles y con apego a su función principal. En un punto de su trabajo se convierten en vías de denuncias que solo sirven como noticias del día.
Eso sucedió con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que citó a un diputado por San Juan de la Maguana.
El motivo se apoya en una acusación que hizo a 30 legisladores, quienes, según la información servida por los medios, vendieron por varios millones de pesos los regalos que recibieron de la Cámara de Diputados para ser entregados a sus comunidades con motivo del Día de las Madres.
Son denuncias que deberían investigarse a fondo. Desafortunadamente, el estilo clientelista de hacer política en el país no ofrece muchas alternativas, a la hora de perseguir la corrupción.
El muro de la impunidad es muy alto, fuerte y protector.
En otros países, donde hay un imperio de la ley esa acusación solo de hacerse pública habría ocasionado la renuncia de muchos legisladores.
El poder de veto y condena de la sociedad se habría impuesto y, otros legisladores ya estarían ocupando las curules vacantes. En nuestro caso, al día de hoy hay denuncias, pero desafortunadamente no hay renuncias.
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