Uno de los métodos más socorridos de alertar la opinión publica de diferentes acontecimientos, la mayoría de carácter denuncia, es precisamente utilizando las herramientas de los medios de comunicación impresos, radiales, televisivos o digitales para formular las mismas.

Ya se ha hecho costumbre en nuestra vida el constante fluir de diferentes denuncias que nos arropan a diario.

Entre las más recientes está la que hiciera la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), respecto a que en el país opera una mafia en la comercialización de combustibles con el consentimiento de algunos funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Este ministerio le contestó raudo a los de Anadegas exigiendo se presenten las pruebas que dicen tener como soporte de su acusación.

El tema no es si uno o el otro tiene la razón. Estará entre ellos aportar las pruebas y confirmar la denuncia. Lo que sí llama la atención es la impunidad posterior que opera, donde está ausente un mecanismo de consecuencias que castigue la falsedad en la denuncia o los violadores de la ley conforme se denuncia, valgan las redundancias.

Más que este caso, es casi a diario que se reciben por las vías digitales una gran cantidad de supuestos casos de funcionarios y allegados al Gobierno actual que incurren en la odiosa practica del nepotismo, nombrando familiares y amigos en oficinas públicas, con cuantiosos ingresos, la mayoría cuestionables en relación a las supuestas funciones que ejercen, o peor, de quienes ni siquiera cumplen el rol para el cual están designados.

Estas denuncias no están ajenas del conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de velar por la cosa pública y el manejo pulcro de la misma.

Es así por el carácter abierto, con pelos y señales con las cuales se hacen estas denuncias.

La falta de un régimen de consecuencias en estos casos y muchos otros de diferente índole, es el mayor mal que se comete en el afán por destruir nuestra sociedad y las bases morales sobre las cuales se fundó.