Santo Domingo, RD. – La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó su profunda preocupación ante una reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, a su juicio, afectaría gravemente al Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes de la República Dominicana.
Según la Coalición, el fallo ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y dispone, en los hechos, la exclusión de determinadas parcelas, lo que podría abrir la puerta a la validación de antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos ubicados en zonas de conservación estricta.
Más allá del aspecto jurídico, las organizaciones advierten que esta decisión judicial corre el riesgo de legitimar un entramado sistémico que, durante años, habría articulado intereses políticos, empresariales y particulares con el objetivo de distorsionar la realidad documental de territorios protegidos. Esta situación —señalan— representa actualmente una de las principales amenazas para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y para el patrimonio público del país.
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La Coalición subraya que, de confirmarse este criterio, se establecería un precedente peligroso: que omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico puedan prevalecer sobre áreas protegidas creadas mediante ley. Esto, a su entender, debilitaría el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la Nación.
“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Estas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental y social esencial para la sostenibilidad”, sostuvo la Coalición en un comunicado.
Asimismo, advirtió que esta interpretación del TSA podría provocar una judicialización masiva del SINAP, generando incertidumbre jurídica, mayor presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con los principios establecidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales de los que el país es signatario, en particular el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Las organizaciones que integran la Coalición reiteraron que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental y afirmaron que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse por la vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto al marco constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
En ese sentido, la Coalición manifestó su disposición de constituirse como interviniente voluntaria en los procesos judiciales correspondientes, con el objetivo de revertir lo que califican como un desatino. Además, hizo un llamado a las instancias judiciales competentes para que ponderen adecuadamente los derechos colectivos, el principio de no regresión ambiental y el interés público.
Finalmente, reafirmó su compromiso permanente con la defensa del patrimonio natural, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
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