SANTO DOMINGO.- Conductores de la carretera La Isabela y numerosas organizaciones comunitarias de la zona denunciaron que la Junta de Vecinos del residencial Cuesta Brava mantiene cerrado el tránsito por el interior del habitacional, a pesar de una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, que lo prohíbe y ordenó demoler las garitas levantadas para estos fines.

Explicaron que la situación está generando taponamientos de varios kilómetros en la zona y discusiones contantes entre quienes usan esa vía de desahogo y la seguridad del residencial Cuesta Brava y temen que un día pase lo peor por las constantes agresiones. Ya que las discusiones han llegado al nivel de sacar armas de fuego.

“Al taponamiento de la vía principal, en la calle interior al residencial se cuentan más de una docena de muros, de los llamados policías acostados, que hacen más lenta la movilidad de los vehículos, contribuyendo de este modo al congestionamiento del tránsito”, indican conductores.

Recordaron que la sentencia 883-2009, del 21 de octubre de 2009, ordenó al alcalde de entonces, Roberto Salcedo, demoler dos garitas que obstaculizan el libre tránsito en las calles Ercilia Pepín y Salomé Ureña del referido sector, ubicado en la parte noroeste de la capital.

La decisión de cerrar de nuevo el paso a cientos de vehículos provenientes de los sectores aledaños, principalmente los residenciales Puerta de Hierro y Buena Vista, entre otros, está provocando inconvenientes de diversos tipos como intranquilidad entre los usuarios que tardan horas para cruzar ese trayecto y llegar a sus centros de trabajo.

El residencial Cuesta Brava fue diseñado con tres calles para el desahogo del tránsito, las cuales concluyen en la avenida Jacobo Majluta, pero fueron cerradas para impedir el acceso de los no residentes.