ADESA considera que la muerte de más de tres mil recién nacidos debería ser motivo para declarar en estado de emergencia la salud pública y volcar hacia este sector todos los recursos que sean necesarios.
SANTO DOMINGO.-La crisis de la salud va de mal en peor sin que el Gobierno actúe en consecuencia, afirmó este lunes la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) tras revelar que cerca de tres mil niños recién nacidos morirán este año por la baja calidad de los servicios sanitarios.
La entidad explicó que eso significa un incremento de un 31% en las muertes neonatales con relación al año 2017, a lo que se suma la prevalencia de altas tasas de mortalidad materna y de enfermedades catastróficas y de altos costos, como son el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y las enfermedades renales
“ADESA está muy preocupada ante el agravamiento de la terrible crisis de salud del país, la cual se traduce en muertes y proliferación de enfermedades prevenibles. Lo peor de esta situación es que Gobierno continúa actuando como si nada estuviera pasando y no escucha las voces que claman por un cambio de rumbo en la política sanitaria”, expresó Alba Reyes, coordinadora general de esa coalición de 56 organizaciones sociales.
Dijo que el solo hecho de saber que este año morirán en los hospitales públicos más de tres mil niños con menos de un mes nacidos debería ser motivo para declarar en estado de emergencia la salud pública y volcar hacia este sector todos los recursos que sean necesarios.
Lamentó que lejos de priorizar la atención estatal en salud, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto para el 2019 en el que increíblemente se reduce la partida destinada a este sector, para limitarla a un 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a menos del 45% de la inversión promedio en América Latina.
La organización solicitó a la Comisión Bilateral que conoce el proyecto de Presupuesto enmendar el error cometido por el Poder Ejecutivo y en consecuencia elevar las partidas destinadas a salud en correspondencia con lo establecido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, vigente desde el año 2012.
ADESA está muy consciente de que incrementar la inversión en salud, por sí solo, no sacaría el sistema de la quiera en que se encuentra. Además es necesario sacar la politiquería y la corrupción de los hospitales aumentar sustancialmente la capacidad gerencial y administrativa, mejorar la rectoría y la coordinación intersectorial y priorizar el primer y segundo niveles de atención, entre otras medidas
Asegura que es obvio que fracasaron las reformas de salud iniciadas a principios de siglo, las cuales prometían el acceso universal a los servicios de salud de calidad de manera oportuna. A 18 años de esas reformas, el 70% de la población sigue atendiéndose exclusivamente en los cada vez más ineficientes hospitales públicos, donde el desorden y las carencias predominan.
Gabino Hernández, otro vocero de ADESA, dijo que el primer nivel de atención en salud está en el piso y explicó que solamente se han creado 1,800 unidades de atención primarias de unas cinco mil que necesita el país. Las existentes operan con grandes precariedades: locales inapropiados, personal extremadamente limitado, pocos equipos y medicamentos y sin ningún presupuesto. Menos del 1% del presupuesto de salud se destina a educación y promoción.
También reveló que existe un déficit de unidades de cuidados intensivos superior al 60%, con el agravante de que las existentes están concentradas en el gran Santo Domingo y Santiago. En ninguna de las diez provincias de la región Sur hay salas de cuidados intensivos. Por esta causa muchas personas mueren tras sufrir un accidente cardiovascular, un accidente de tránsito o sufrir cualquier otro problema de salud que requiera de atención especializada urgente.
La mayoría de los centros de salud también operan con déficit de personal, especialmente de enfermeras y médicos especialistas. De acuerdo a los estándares internacionales, en el país deberían existir 9 enfermeras por cada 10 mil habitantes. Solo tienen un tercio de esa cantidad.
En el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS) hay cerca de cuatro millones de personas afiliadas. No obstante a que éstas pagan religiosamente para obtener aseguramiento, cuando necesitan de atenciones de salud deben pagar adicionalmente un promedio del 42% de sus costos. Para ADESA se trata de un atraco contra los trabajadores.
La entidad entiende que el sistema de salud es altamente excluyente, discriminatorio. Favorece los negocios y desampara a los pobres, “la mejor evidencia de esta afirmación la encontramos en cualquier hospital público, donde conseguir una cita con un especialista o un turno para una cirugía es como sacarse la lotería”.
Dijo que ante esta dramática situación, el pueblo y sus organizaciones estamos obligados a luchar y a exigir un cambio profundo en la política de salud del Estado. Se requiere de una nueva reforma, con un enfoque de derecho, que tenga como objetivos garantizar servicios universales y de calidad en la atención, incrementar la inversión en salud en la proporción contemplada en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, acabar con la dispersión y la falta de liderazgo de las instituciones pública del sector y garantizar la participación de las organizaciones sociales en los mecanismos de cogobierno.
