San Salvador.- Representantes de organizaciones de derechos humanos sostuvieron este miércoles que la impunidad persiste en casos de asesinatos, desapariciones y torturas, perpetrados durante el conflicto armado interno (1980-1992), y que el Estado salvadoreño “ampara a criminales de guerra».
Los 12 años de guerra, en la que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido de oposición, y el Ejército de este país, financiado por Estados Unidos, se saldó con unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Ovidio Mauricio, de la asociación Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, señaló en una conferencia de prensa que después de varias décadas de finalizado el conflicto armado, el Estado salvadoreño “sigue amparando la impunidad de los victimarios y olvidando a las víctimas».
Indicó, en el marco del 31 aniversario de la emisión del Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, que las causas que provocaron la guerra persisten y apuntó que “nuestra sociedad no puede renunciar a la memoria que nos dice hacia dónde no debemos regresar».
“Las dictaduras, el militarismo y las violaciones generalizadas de derechos humanos no deben regresar y por eso reiteramos que el Estado salvadoreño sigue en deuda con las víctimas que continúan exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó.
Mauricio aseguró que después de 32 años del fin de la guerra “los pocos avances que se lograron impulsar tras la firma de los Acuerdos de Paz (1992) están siendo desmantelados de forma acelerada».
Recordó que el Informe de la Comisión de la Verdad fue parte central de los Acuerdos de Paz y que el documento evidencia graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante la guerra civil. En el proceso se tuvo más de 22.000 denuncias de varios hechos de violencia, más del 60 % correspondieron a ejecuciones extrajudiciales, más del 25 % a desapariciones forzadas y más del 20 % a torturas, todos los casos continúan en la impunidad, añadió el activista.
Alejandro Díaz, también de Tutela Legal, señaló que entre los casos emblemáticos están la masacre de unos 1.000 campesinos, en diciembre de 1981, en la remota localidad de El Mozote y el asesinato del religioso ahora santo de la Iglesia católica, Óscar Arnulfo Romero.
Añadió que “estas más de 22.000 denuncias han sido invisibilizadas por los Gobiernos a pesar que existe un documento que recoge casos con evidencia de haber sido perpetrados».
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la ley de amnistía de 1993 y, con esto, abrió las puertas para juzgar los delitos de lesa humanidad perpetrados en la guerra civil, la mayoría por el Ejército. No obstante, ningún hecho de los que actualmente están siendo ventilados en juzgados salvadoreños ha llegado a condena penal.
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