El primer trimestre del año está marcado por el grito de aumento de sueldos en la administración pública, así como por diversas protestas, ya que hay demandas que todavía no son atendidas.
Las expectativas de mejora salarial en el sector educativo son muy distintas a las de otros sectores.
El caso de la Justicia resulta paradigmático, tomando en cuenta el anuncio hecho por el Procurador General de la República, donde se produjo un tímido aumento de un 10 y 15 por ciento en el sueldo base para el personal del Ministerio Público y de los agentes penitenciarios.
Los sueldos, tanto del sector público como del área privada, son afectados por el proceso inflacionario que vive, de año en año, la economía dominicana, marcada por los ajustes en los precios de los artículos de primera necesidad.
En el área de la Justicia, como en otras dependencias del Estado, hace varios años que no se produce un aumento de sueldo; y menos, la promulgación de una ley que favorezca un incremento a nivel nacional.
A falta de esa ley, tomando en cuenta que pasamos un tramo de austeridad muy sensible, habrá que establecer ajustes de acuerdo a esa realidad.
Hay sectores nacionales que esperan y necesitan que sus demandas de aumento salarial sean atendidas, a corto y mediano plazo.
