Santo Domingo.- En Santo Domingo, basta mirar cualquier avenida para descubrir el mismo patrón, motocicletas zigzagueando entre los vehículos, subiendo a las aceras, tomando vías en dirección contraria, atravesando túneles y elevados prohibidos para motores, utilizando el celular mientras conducen y desplazándose a velocidades que desafían la ley.
Los deliverys, repartidores en motocicleta que mueven buena parte de la economía urbana, parecen operar en un territorio sin reglas, a la vista de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Aunque son parte esencial del engranaje comercial moderno, también son una de las principales causas del desorden vial de la capital. Y su presencia crece sin control.
Un parque vehicular en desborde
Cada año el número de motocicletas supera al de los automóviles en las calles del país. República Dominicana cuenta con más de tres millones de motores, el 57% del parque vehicular, equivalente a 3,531,967 unidades, corresponde a motocicletas, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Esa masificación, sin un sistema de control adecuado, ha tenido un costo para la población ya que el 70% de las muertes por accidentes de tránsito ocurridas en 2024 fueron de personas que andaban en motocicletas, es decir, 1,391 fallecidos, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Lo preocupante es que cada año se suman miles más. Para muchos dominicanos, la motocicleta no es solo un vehículo, es el método de trabajo más accesible y, para otros, la herramienta utilizada para actos delictivos que mantienen en zozobra a diversas comunidades.
El delivery surge como necesidad
Detrás de cada persona que decidió emplearse sobre estas dos ruedas, hay una historia de urgencia económica.
Tal es el caso de Carlos Almánzar, de 37 años y oriundo de Monte Plata, quien cuenta que se empleó como delivery porque debía mantener a su familia y no encontró otra opción laboral.
“Mira uno hace su deligencia pero uno se cansa de buscar y no encontrar, entones uno se pone hacer esto porque no hay de otra, uno tiene familia que mantener”, relató a El Día.
Leonardo Pichardo, de 26 años, asegura que el trabajo le deja alrededor de 2,000 pesos diarios, suficientes para cubrir sus gastos básicos, pero insuficientes para buscar una capacitación formal.
Carlos Pérez, un joven de 22 años, explicó que eligió trabajar como delivery porque necesita sobrevivir y cubrir los gastos de sus estudios, los cuales aún no ha podido concluir.
Las historias de estos se repiten, empleados despedidos, microempresarios quebrados, jóvenes endeudados y padres de familia presionados por responsabilidades. Para muchos, el delivery es la última puerta abierta.
Entre multas y riesgos
Mientras para ellos las multas de la Digesett son molestias, abusos o simples interrupciones del día, para el resto de los conductores y los peatones representan una amenaza constante.
La conducción temeraria, la invasión de los espacios peatonales, los golpes a retrovisores, el irrespeto a los semáforos y los peligrosos adelantamientos son parte del caos diario que enfrentan miles de ciudadanos.
Y aunque los agentes de tránsito observan estas violaciones casi permanentemente, la falta de control efectivo alimenta la sensación de que las motocicletas son “intocables” y que el sistema, por incapacidad o desinterés, ha renunciado a regularlas.
¿Quién regula a los deliverys?
La realidad es que no existe una estructura clara, eficaz y unificada de regulación para quienes se desempeñan como deliverys.
Las plataformas digitales, comercios, colmados y empresas de mensajería emplean a estos motoristas sin un estándar de capacitación, sin verificación de licencias de conducir específicas, sin uniformidad en el registro de los motores y, en muchos casos, sin seguros adecuados.
Esto permite que cualquier persona con una motocicleta pueda convertirse en delivery de un día para otro, y así el país ha construido, sin querer, un ejército de conductores sin formación vial, circulando sin frenos normativos.
El fenómeno de los deliverys es el síntoma más visible de un sistema de tránsito que carece de regulación firme y de políticas públicas adaptadas a la realidad actual.
Recientemente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) emitió la Normativa Técnica sobre el Estándar Homologado de los Cascos de Protección Personal, una regulación que establece las características obligatorias que deben cumplir los cascos utilizados por conductores y pasajeros de motocicletas en todo el territorio nacional.
La disposición, avalada por el artículo 157 de la Ley 63-17 y el Decreto 256-20, fue presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aprobada bajo estándares internacionales de cooperación técnica.
El proceso incluyó la asesoría de la Fundación FIA y amplias consultas con importadores, asociaciones de motociclistas y diversos actores del sector transporte, según un comunicado de la entidad.
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