Carlos Salcedo
He tratado por lustros el tema de la seguridad ciudadana en democracia y la labor de las instituciones que intervienen en esta. Durante décadas se ha hablado de las transformaciones policiales y se han hecho reformas normativas, muchas de las cuales han sido represadas por las resistencias naturales cuando de eficiencia y disminución de la arbitrariedad se trate.
Sin desmedro de lo dicho, considero un reto importante de la República Dominicana los cambios sustanciales que amerita el sector seguridad ciudadana, particularmente en lo concerniente a la concepción filosófico política, de presupuesto, de formación y operativa. Aunque falta mucho por hacer, los datos publicados por las autoridadades reflejan que se viene trabajando en un camino, tortuoso y escabroso, pero correcto, pues se viene produciendo sistemáticamente una disminución de los hechos delictivos.
La transformación policial debe ser integral, esto es, ciudadana, vista como valor y que contribuya a la mejoría de la calidad de vida de todos y como seguridad y servicio públicos. Esto último implica que el Estado debe proporcionar la garantía del orden público, la integridad física de las personas, la protección de sus bienes y la prevención de la delincuencia.
La Policía Nacional (P. N.) y las otras instituciones que hacen parte del sector seguridad y convivencia ciudadanos, como el Ministerio Público deben estar involucradas con definiciones legales e institucionales más que adecuadas.
Hacer un diagnóstico de la delincuencia depende de datos creíbles, lo que posibilitaría actuar estratégica, táctica y realmente con la suficiente certeza para lograr la mayor reducción posible de los hechos delictivos, que siempre alteran la paz social y restan bienestar a la población.
Un nuevo proyecto de ley que le de cuerpo institucional al Ministerio de Interior y Policía y que cree un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con monitoreo permanente y con suficiente apoyo presupuestario, debe ser puesto en la mira para su pronta discusión y aprobación por el congreso, una vez agotadas los trámites propios de las iniciativas legislativas, las vistas públicas y las amplias discusiones que permitan la mayor participación ciudadana posible como de los expertos del área.
A lo anterior se debe sumar la profunda revisión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, como la elaboración de los reglamentos necesarios para completar el universo normativo de seguridad ciudadana que responda a nuestras necesidades para lograr la pacificación social.
Esto permitiría adecuar las instituciones de la seguridad ciudadana a la realidad del crimen y del delito de hoy, como de hecho han venido haciéndolo el Ministerio de Interior y Policía, el de Administración Pública, la presidencia de la República y el Comisionado para la Reforma Policial.
Espero se corone con la pronta iniciativa legislativa, las discusiones y la aprobación por parte del Congreso Nacional y la emisión de los decretos correspondientes por parte del Poder Ejecutivo, que de hecho ha venido emitiendo algunos que sirven de sombrilla para todo lo restante.
Debe tenerse en cuenta, además, que una política de seguridad ciudadana sin respeto a los derechos humanos es contraria al canon democrático, lo cual debe ser previsto, unido a la fiscalización y supervisión de la gestión y del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. Esto porque deben responder al bloque de constitucionalidad del que somos signatarios y, además, la población debe estar vinculada al proceso por ser parte fundamental en el proveimiento de seguridad ciudadana.
Los hechos notorios, como los recientes asaltos a sendas sucursales de los bancos de Reservas, en Santiago, y Popular, en el Distrito Nacional, como en 2022, en una sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en Licey al Medio, generan la percepción de incremento de la delincuencia.
Ahora bien, toca a la Policía Nacional dar pruebas contundentes de investigaciones preliminares con todo el rigor y respeto de la norma y que puedan identificar las personas vinculadas a dichos hechos para que sean puestas en manos del Ministerio Público -de la justicia- para que complete eficientemente el proceso de investigación formal y tenga los elementos suficientes para lograr las sanciones previstas en las leyes.
Ojalá que los “intercambios” de disparos y las muertes derivadas de ellos no sean la presea que exhiba la Policía Nacional como solución del conflicto, pues pondría en evidencia, en muchos casos, el fracaso institucional y constituiría una negación del proceso de reforma policial que se viene encaminando.
Los hechos considerados como delitos se enfrentan con las herramientas técnicas, humanas y legales que provee el sistema democrático, sin cuya base peligra nuestra seguridad ciudadana y la tranquilidad de todos.
