En países pobres como la República Dominicana, el incremento de la delincuencia obedece a diversos factores, pero especialmente, al deterioro de las condiciones materiales de vida de sus respectivas poblaciones.

Los frecuentes actos de raterismo en las principales demarcaciones territoriales dominicanas van estrechamente ligados al aumento en los niveles de pobreza y de desigualdad social que impactan negativamente a la mayoría de los habitantes del país.

Hay gente aterrada; se encierra en sus casas por temor a ser asaltada a manos de mozalbetes que se desplazan, regularmente, en motocicletas; el miedo se va imponiendo en los barrios del Distrito Nacional y de las provincias con mayor densidad poblacional.

Esa realidad gana terreno a la narrativa gubernamental que procura trastocarla. A muchos comienza a repugnar el engaño, disfrazado de publicidad estatal y de otros mecanismos de control social que se han convertido en patente de la administración que encabeza la administración del presidente Luis Abinader, desde el 16 de agosto del año 2020.

Ni la superada pandemia del Covid-19, en la versión del propio gobierno, ni los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania son ya excusas válidas para justificar el alto costo de la vida, la corrupción, el deterioro del sistema sanitario, la inseguridad ciudadana, el desempleo y otros males que golpean a la población.

Más bien, representan escenarios en los que se han denunciado negocios desde esferas del poder, a fin de beneficiar a particulares.

De acuerdo a un diagnóstico de percepción sobre violencia y delincuencia dado a conocer en febrero de este año por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional, el 94.18 % de los habitantes de 12 de los municipios del país expresa sentir miedo de los delincuentes y criminales.

Establece que ocho de cada 10 aseguran habitar en una demarcación insegura; que el 33.14 % muestra un poco de miedo; el 30.18 %, algo; y el 31.16 %, mucho ante la referida problemática.

Una de las cuestiones más preocupantes que revela el estudio de percepción de la violencia y de la delincuencia radica en que 55.66 % de la población tiene alta desconfianza en la Policía Nacional. Esta situación, sin lugar a dudas, incrementa la sensación de inseguridad y miedo.

Las autoridades dominicanas vienen asegurando, desde mediados del año pasado, que la economía superó la época prepandémica, en una narrativa tan inverosímil que ni siquiera el más iluso de los mortales podría darle aquiescencia racional.

Cada vez que un organismo internacional ofrece informes sobre la situación económica nacional, termina evidenciando las mentiras difundidas con el propósito de generar percepción positiva.

Por ejemplo, en el reporte «Panorama Social de América Latina», publicado por el Banco Mundial a principios de este año, se señala que la pobreza en República Dominicana se incrementó en un 2 %.

La subida de la pobreza extrema es consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de los ingresos provenientes de la actividad laboral.

Resulta absurdo no admitir que la inseguridad ciudadana se encuentra en un punto para encender las alarmas; hace rato que el fenómeno ha traspasado los cuadrantes de los barrios pobres del Gran Santo Domingo, irrumpiendo en los de las clases media y alta, habitados por segmentos poblacionales en capacidad de demandar bienes y servicios de calidad.

Hay que revisar muchas cosas. La autoridad gubernamental debe abrir sus ojos ante el evidente deterioro de las condiciones materiales de vida de los sectores más vulnerables de la población, un escenario que se constituye, en sí mismo, en un barril de pólvora para cualquier sociedad.