Los precandidatos y candidatos a la Presidencia prometen, entre tantas cosas, priorizar la inversión en educación, y cuando llegan al Gobierno ni siquiera cumplen con la ley que obliga al Estado a destinar un 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los políticos aseguran que bajarán el costo de la vida, el desempleo, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana y la corrupción.
Dicen que el campo reverdecerá y que produciremos para satisfacer el mercado nacional y para exportar y que desaparecerá el déficit de la balanza de pagos, que su gobierno ajustará la economía y eliminará los dispendios.
Pero ya estamos ahítos de discursos carentes de contenido, por lo que recordémosle que ellos son los más responsables del estado de pobreza material, intelectual y espiritual en que está sumida la mayor parte de la población; que ello es producto de su incapacidad para gestionar lo público y de la corrupción; que son los mayores culpables del grado de descreimiento democrático del pueblo y del bajo nivel de participación ciudadana en los asuntos públicos.
Pero los políticos no deben olvidar que no todo el pueblo está obnubilado, que hay un hastío que puede hacer peligrar los limitados avances de nuestra democracia.
Mucha gente está clara que antes de hablar de políticas públicas y planes de desarrollo, los que tienen un verdadero compromiso con el desarrollo deben tener claro que este no se come con promesas.
Como no todos creemos en palabras, sino en realizaciones, los políticos deberían demostrarnos su compromiso con los contenidos del derecho al desarrollo, de los recursos disponibles y de las fuentes de financiamiento futuro, de sus decisiones políticas y de un pacto para que los ciudadanos dejemos de ser personas con el solo atributo del voto y sin capacidad para exigir una relación política fundamental, que puedan articular sus expectativas y exigencias, sus derechos y deberes y sus estrategias de pertenencia, de inclusión y de exclusión.
