Todos los días vemos a funcionarios, abogados, legisladores y gente de la sociedad civil con una demanda común. Plantean por todos los medios a su alcance que el país necesita nuevas leyes para que incidan en ordenar, reorganizar o implementar algo que, según los demandantes, incidirá en mejorar alguna cosa en el país.
Tenemos un Congreso Nacional cuyas cámaras –de senadores y diputados– están prestos a producir leyes de todo tipo, aunque con algunas prefieren darse su tiempo.
Pero vemos con frecuencia que leyes aprobadas, aún sin que se pongan en marcha a plenitud, surgen demandas de modificaciones o simplemente que sean sustituidas por otras nuevas.
Eso da una señal muy clara. O las leyes se aprueban por coyunturas efímeras o no fueron analizadas para que perduren.
Pero lo más preocupante es la facilidad con que esas leyes se incumplen, a veces por los mismos que las promovieron o las aprobaron.
Podremos tener las mejores leyes, pero de nada sirven si no se respetan.
La sociedad requiere una conciencia ciudadana de respetar y hacer respetar las leyes. Las que ya no convengan a la convivencia social o hayan quedado desactualizadas, lo que manda es cambiarlas o derogarlas, pero mientras estén vigentes las mismas deben ser cumplidas.
La pobre educación cívica dominicana no permite que los ciudadanos conozcan el alcance de sus derechos; y mientras eso suceda no importa qué tipo de leyes necesitemos. De qué vale promover la aprobación de nuevas leyes si no sabemos respetar y exigir el cumplimiento de las que ya tenemos.
Además de nuevas leyes, el país necesita que se cumplan las vigentes.
