Quien lee con detenimiento las declaraciones de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sobre el tema de los haitianos y República Dominicana, debe concluir que ella tiene mucha razón en sus planteamientos.
Lo lastimoso es que tenga que venir Clinton a decir que el Estado dominicano debe establecer los mecanismos para ejecutar su política migratoria, siempre apegada al respeto de los derechos humanos.
¿Cómo se explica que siete años no hayan sido suficientes para el Poder Ejecutivo emitir el reglamento de la Ley General de Migración con un debido proceso para las repatriaciones de ilegales?
El Estado dominicano tiene que dar los primeros pasos para detener de una vez y para siempre el que cada cierto tiempo (justamente cuando los países donantes de organizaciones no gubernamentales empiezan a trabajar con sus presupuestos) surjan acusaciones contra el país por el supuesto maltrato a migrantes haitianos.
Éstos grupos se aprovechan de las debilidades institucionales de la República Dominicana para obtener donaciones y nombradía internacional a costa de desacreditar el país y hasta de lograr sanciones.
El Estado debe definir su política migratoria en función del interés nacional, no de las presiones de aquellos que en términos reales le han dado la espalda a Haití y que quieren expiar sus penas acusando a la República Dominicana de supuestos maltratos.
El presidente Leonel Fernández tiene la principal responsabilidad frente a cuanto acontece, porque a él le toca motorizar y garantizar el cumplimiento de una política migratoria conforme a un plan de desarrollo nacional.
La dejadez y la ambivalencia permiten el acoso permanente al que nos tienen esos grupos en organismos y foros internacionales.
