SANTO DOMINGO.- La ausencia de la atención primaria, de un verdadero Plan Básico de Salud (PBS) y la vigencia de un modelo de atención costoso, excluyente e ineficiente, entre el 2007 y el 2021, ha generado un déficit de 575,200.9 millones de pesos, equivalente al 34.4% del costo real del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo.
Se estima en 1,126.3 millones de pesos el monto del gasto de bolsillo acumulado durante el período 2008-2021, equivalente al 41.8% del gasto nacional en salud, de acuerdo al Banco Central. Asumiendo que los copagos del Régimen Contributivo sólo representan el 50% del gasto de bolsillo, un supuesto muy conservador, tenemos un copago acumulado de 575,200.9 millones, el 34.4% del gasto total del PDSS, durante el período, como resume el cuadro.
Dado que este déficit lo cubren sólo los afiliados, bajo la modalidad de copagos ilegales, actualmente el aporte real de los trabajadores equivale al 54.1%, del costo real del Plan de Servicios de Salud (PDSS). Se trata de una injusticia y de una distorsión social incalificable, ya que este gasto adicional representa un 24.1% más que lo que establece la Ley de Seguridad Social, situación que explica las crecientes quejas e insatisfacciones de la población.
El aporte por ley acumulado del 3.0% de los salarios a cargo de los trabajadores asciende a 329,310.4, millones. Pero a esa cantidad hay que agregarle unos 575,200.9 por copagos durante el período 2007-2021, lo cual arroja un gasto total de los trabajadores de 904,511.3 millones, equivalente al 54.1% del gasto total de 1,672,902.1 millones.
Solo en el 2021, el gasto nacional de bolsillo de las familias dominicanas ascendió a 121,800 millones de pesos, de los cuales unos 65,900 millones corresponden a copagos ilegales del año pasado. Este cálculo se basa en las informaciones del Banco Central: un gasto nacional en salud del 6.2% del producto interno bruto (PIB), y un gasto de bolsillo del 41.8% del gasto nacional en salud.
Estos resultados revelan un preocupante desequilibrio financiero del PDSS, cuyo costo está recayendo, íntegramente, sobre los trabajadores asalariados, incluyendo a las familias más vulnerables y de menores ingresos.
Esta distorsión, totalmente contraria a la letra y al espíritu de la Ley de Seguridad Social, se explica, fundamentalmente, por la ausencia de las reformas estructurales previstas en la Ley, y por la Resolución del CNSS que autorizó la imposición de copagos ilegales a prácticamente todos los servicios médicos esenciales.
El aporte total de los trabajadores, ascendente a 904,511.3 millones de pesos ya supera la contribución acumulada de 768,390.8 millones, que por ley realizaron los empleadores, lo cual confirma la distorsión social existente.
En síntesis, este costo oneroso constituye una carga financiera insostenible, que genera inseguridad social, a consecuencia de la vigencia de un modelo de atención puramente curativo, costoso e ineficiente. La reforma integral de la Ley de Seguridad Social debe eliminar o reducir gradualmente los copagos ilegales.
