SANTO DOMINGO.-En los barrios levantados a orilla del río Ozama hace falta construir más de 22 mil viviendas nuevas y reparar otras 30 mil ya, indicó ayer el Observatorio de Derecho a la Ciudad  (ODC).

Precisó que los sectores que conforman la cuenca baja del río Ozama son Simón Bolívar, 24 de abril, Gualey, Domingo Savio, Ensanche Ozama, Los Mina viejo y Los Tres Brazos, en los cuales hay un déficit habitacional que sobrepasa las 50,000 viviendas.

Rafael Jovine, economista de ODC, manifestó a través del quinto boletín de la institución que «se trata de un abandono total del gobierno en curso, basado en la escasa inversión pública por parte de la administración gubernamental, la carencia total de una política pública inclusiva, y de atención a los sectores de mayor vulnerabilidad de la ciudad capital.”

De igual forma aclaró que sólo 4,453 viviendas se reportado construidas en todo el país con fondos públicos y  que incluyendo el presupuesto que actualmente está en el Congreso, la inversión pública asignada al sector vivienda apenas ha rondado el 0.1% del PIB entre los años 2011 y 2014.

El nuevo boletín del ODC explica que en vez de invertir en vivienda social y asequible para los más empobrecidos, el gobierno viene incentivando la respuesta habitacional desde el mercado privado. Según declaran el primer informe de avance de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el plan plurianual del sector público (PPSP), el logro principal que exhiben las políticas públicas de viviendas en el país es la aprobación de la ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso. Los requisitos para acceder a hipotecas bajo esta ley excluyen al sector informal del país (cerca de 60% de la población dominicana).

Asimismo, la ley excluye al 80.8% de la población trabajadora del sector formal porque perciben retribuciones menores a tres salarios mínimos. Según el Observatorio, en 2014 sólo el 2.94% de la familias del país figuraron con préstamos hipotecarios en el sistema financiero.

Miembros del Comité por la Defensa de Derechos Barriales (COPADEBA) y de otros movimientos sociales urbanos que participaron en la publicación del informe expresaron que la actual situación no solo afecta a la vivienda, sino que el déficit habitacional y la escasa inversión pública impiden a sus comunidades el acceso a otros derechos sociales como la salud, la educación o el agua potable.