Zoila Martínez
Santo Domingo.– La Defensoría del Pueblo planteó hoy al gobierno reubicar en unos terrenos ubicados en Boca Chica a las 51 familias que fueron desalojadas de Gazcue, las cuales se mantienen en vigilia permanente en la calle doctor Delgado, debido a que los anteriores terrenos donde iban a ser asentados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) son privados.
La propuesta fue presentada por la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, mediante una comunicación que le envió.
Martínez Guante dijo que se le informó que en Boca Chica, cerca de “Los Tanquecitos”, hay más de 300 mil metros cuadrados que habían sido asignados por decreto a la empresa española Cepres Trust Dominicana para la construcción de casas de bajo costo.
Señaló que recibió informes de que esa compañía quebró y se marchó del país, por lo que cree conveniente verificar ese decreto para construir proyectos habitacionales para que los dominicanos de pocos recursos puedan tener acceso a una vivienda digna.
La Defensora del Pueblo favoreció que sean sancionadas las personas que vendan los inmuebles que el gobierno les conceda.
“La Defensora del Pueblo no ha dejado solas a esas 51 familias, ha visitado con ellos más de 6 veces el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), donde tanto su director, licenciado José Joaquín Peña, como el director técnico, ingeniero Cristian Galán, han tenido paciencia, cortesía y voluntad para ubicar estas familias”, expresó Martínez Guante en la carta que envió a Montalvo.
En la misiva enviada al ministro de la Presidencia, Martínez Guante expuso que el 12 de marzo pasado acompañó a las familias desalojadas de Gazcue a otro lugar donde el CEA tenía reservado llevar, en Hato Nuevo, de Manoguayabo, el cual rechazaron los desalojados por diferentes razones.
“Los desalojados argumentan que esos terrenos estaban muy lejos de la capital y deshabitados, incluyendo que un militar tiene su ganado pastando en dicho lugar, independientemente a que sus hijo no tendrían escuelas donde asistir y los que estén en la universidad se le tornará muy difícil recibir la docencia”, señaló la Defensora del Pueblo.
