SANTO DOMINGO.-La defensa de Donald Guerrero salió ayer a hablar de la inocencia de su representado, declarando que la totalidad de los pagos realizados por el exministro de Hacienda estuvieron dentro del marco de la ley.

“La totalidad de los pagos fueron realizados siguiendo estrictamente la normativa, que para los mismos requería tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría General

de la República la cual validó, autorizó y despachó cada orden de pago a la Tesorería”, dice un comunicado dado a conocer ayer por los abogados.

Señalaron que todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto y/o por mandato de la Ley 202-04, sobre Áreas Protegidas y que los herederos fueron pagados, con su debida constancia, y habían sido determinados –individualizados– con el cumplimiento de los procesos legales correspondientes: determinación de herederos o por sentencia de tribunal competente.

Indicaron que en relación con los herederos no pagados, la situación obedece a un de ejercicio de un derecho.
“Es decir, estos no se mostraron de acuerdo con el monto fijado por metro cuadrado y, al efecto, optaron o aún tienen la opción de ejercer la acción judicial correspondiente: una demanda en justiprecio. Esta deberá ser conocida por el tribunal competente que decidirá sobre ello, obligando al Estado a pagar el precio judicialmente fijado en favor de aquellos”.

Sobre el informe
Señalan que el informe emitido por la Unidad Antifraude de la Contraloría sobre el cual se erige la investigación, “no obedece a la verdad de los hechos, además de que no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción, pues, constituye una flagrante violación al derecho de defensa, el derecho a ser escuchado, el derecho de acceso a la prueba, las garantías de contradicción, igualdad y transparencia”.

Señalaron que el párrafo II de la ley 107-13 establece que “todos los actos y actuaciones estarán sujetos a los principios de transparencia, igualdad, contradicción y fiabilidad o consistencia”.

Transparencia
En el comunicado dado a conocer en la tarde de este domingo, señalaron igualmente que el principio de transparencia estaría siendo violado al impedir el conocimiento del contenido del informe a los afectados, mientras se otorga acceso a los medios de comunicación.

Alegan también que no se estaría garantizando la igualdad, ya que el órgano persecutor posee el documento -prueba de la investigación y del proceso- desde hace casi un año; pero la defensa lo desconoce “a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones acceso a la carpeta fiscal (principio de igualdad entre acusación y defensa)”.

Asimismo, detallan que no se ha cumplido con la garantía de la contradicción, ya que al investigado no se le estaría resguardando el derecho a ser escuchado (artículo 69.2 de la Constitución de la República Dominicana).

“No puede haber justicia objetiva e independiente escuchando sólo a una de las partes: la exclusión de aquellos llamados por ley a participar, no es otra cosa que una injusticia y una violación al debido proceso”, destacan.

Por último, refieren que desde el inició de los interrogatorios en fecha 5 de febrero del 2021, Donald Guerrero ha brindado todas las explicaciones necesarias de su gestión frente al Ministerio de Hacienda, ya que se ha presentado a más de una decena de citaciones y aportado más de 136 piezas probatorias.

El caso
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) investiga a Guerrero por los tipos penales de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, y lavado de activos.

Más del proceso

—1— Orden
La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a laPepca para la obtención de informe financiero de Donald Guerrero.

—2— Lugares
Las superintendencias de Bancos, Valores, Seguro, Impuestos Internos, el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo deberán suministrar informes.