Miguel José de Moya.
Santo Domingo.– José Martínez Hoepelman, abogado de Miguel José Moya, implicado en el caso Medusa, dijo que el Ministerio Público oculta de manera deliberada pruebas importantes referentes al cumplimiento contractual de la empresa DIO con la Procuraduría, por lo cual está siendo objeto de acusación en este caso.
«La defensa de la empresa DIO, presenta hoy las pruebas que demuestran el cumplimiento estricto de las obligaciones establecidas en su contrato con la PGR, en 14 cartas de acuse de recibo, firmadas y selladas por la Procuraduría, además de certificaciones de otras instituciones del estado, materiales que evidencian lo realizado a lo largo de dos años de la vigencia de los contratos que dieron origen a la relación contractual ente PGR y DIO, S.R.L», indicó el jurista.
Agregó que DIO y sus abogados presentaron además los manuales y guías instructivas para docencia en 14 carpetas descriptivas, bajo la metodología creada por la empresa de capacitación. «Desde el año 2001, DIO ha impartido talleres, seminarios, conferencias para más de 300 mil personas de 28 países, participando, de igual manera, en la solución de decenas de crisis empresariales, institucionales, políticas y sociales».
El abogado señaló que los juristas de la firma han mostrado sorpresa de hallazgo y expresan preocupación de que evidencias de tan importantes hayan sido ocultadas a la opinión pública, al no ser incorporadas al expediente, ni presentas ante el tribunal.
“La omisión intencionada de lo anterior constituye la demostración inequívoca de una persecución dirigida, malintencionada y carente de toda objetividad”, expresó José Martínez Hoepelman, abogado de Miguel José Moya.
Acusación
El Ministerio Público encartó a Moya en el caso denominado “Medusa” por la acusación de recibir pagos por casi 20 millones de pesos por contratos para la realización de cursos que nunca se impartieron.
La solicitud de medida de coerción indica que los implicados en la operación Medusa tenían como modus operandi acaparar los proyectos violando el proceso de licitación, alteración de precios y cyberespionaje.
Indica que el subdirector financiero de la Procuraduría, Alfredo Alexander Solano Augusto, le suplía impresoras en alquiler a distintas fiscalías, entre las que se encuentran las de San Cristóbal, Hato Mayor, Samaná, San Francisco, Moca, Nagua, El Seibo, Procuraduría General y la Escuela Nacional Penitenciaria.
El Ministerio Público pide prisión contra el exprocurador Jean Alaina Rodríguez y sus colaboradores.
