SANTO DOMINGO.- El equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, solicitó un no ha lugar en favor del imputado al considerar que el Ministerio Público no aportó ni una prueba que le comprometa penalmente.
Al presentar las conclusiones ante la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez fundamentan la petición en que no existen pruebas para enviarlo a juicio de fondo.
Plantearon que la acusación está matizada por intereses políticos que no identificaron, y que el Ministerio Público pretender sostenerla en base un testimonio previamente fabricado y en supuestas evidencias irrelevantes que no vinculan a Peralta Fernández.
Los profesionales del derecho afirmaron durante la audiencia preliminar del caso que después de más de cuatro años de investigación “no existe una sola prueba que lo incrimine, lo cual hemos desmontado punto mediante sólidos argumentos jurídicos”.
“Luego de un análisis exhaustivo del expediente, queda claro que José Ramón Peralta Fernández no aparece en ninguna de las pruebas aportadas ni vinculado en ninguna de las líneas de investigación objetivas del caso, como trazas financieras, auditorías o cruces de comunicaciones”, expresaron.
Aseguraron que la inclusión en el proceso responde únicamente a un testimonio contradictorio, sin sustento material ni corroboración.
Durante la audiencia, los abogados presentaron evidencia documental que expone inconsistencia en las declaraciones del testigo Bolívar Ventura, establecimiento que “en un interrogatorio del 27 de noviembre de 2021, Ventura afirmó haber entregado tres cheques específicos, números 9401, 9414 y 9458 a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y a José Arturo Ureña”.
Agregaron que, sin embargo, extrañamente el 9 diciembre de 2022, cambió radicalmente su versión sobre los mismos instrumentos financieros, alegando, esta vez, que fueron entregados a Francisco Pagán para supuestamente destinarlos a Donald Guerrero y Peralta Fernández.
En ese punto, la argumentó que dicho testimonio carece de valor probatorio al haber sido fabricado “y, más importante aún, al quedar invalidado por la propia documentación oficial presentada en el tribunal”.
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