Santo Domingo. La defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que durante su gestión no existieron denuncias, auditorías ni hallazgos oficiales que evidencien irregularidades atribuibles a su actuación como funcionario público, al presentar sus argumentos ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, en el marco del proceso judicial del caso Calamar.
Los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena y Emely Rodríguez enfatizaron que el ejercicio de la función pública de Peralta no estuvo acompañado de beneficios económicos personales, destacando que el Ministerio Público no ha demostrado cobro indebido, soborno ni recepción de dádivas vinculadas a decisiones administrativas.
La defensa subrayó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no figura como institución imputada ni investigada dentro del expediente, ni se han presentado informes de los órganos de control del Estado que señalen procesos irregulares durante el período en que Peralta estuvo al frente de esa dependencia.
Con estos planteamientos, el equipo legal sostuvo que no se configura conducta ilícita alguna en el ejercicio de las funciones públicas del exministro y que la acusación carece de respaldo institucional, documental y probatorio para sostener imputaciones penales.
“Lo que hay que resaltar es que al señor José Ramón Peralta no se le atribuye ningún incumplimiento de sus deberes como funcionario público ni ninguna acción que pueda serle imputada en el ejercicio de su cargo, lo cual desmonta de plano lo planteado en la acusación”, expresaron los abogados durante su intervención ante la jueza.
Asimismo, enfatizaron que en ninguna parte del expediente se cuestiona la función administrativa ejercida por Peralta durante su gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
La defensa técnica indicó que esta etapa procesal es determinante para evidenciar la debilidad del expediente, resaltando que tras el peritaje realizado a los dispositivos electrónicos incautados al exministro no se aportó una sola evidencia digital, mensaje o registro que lo vincule con las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
El equipo legal afirmó que su estrategia se ha centrado en desarticular una acusación que califican de manipulada, genérica y sin hechos precisos, al estar sustentada —según señalaron— exclusivamente en testimonios de delatores interesados y sin corroboración objetiva.
De acuerdo con los juristas, el proceso ignora que no existen registros de actuaciones ilícitas en el Ministerio Administrativo de la Presidencia bajo la gestión de Peralta y que incluso los montos presentados por la fiscalía presentan inconsistencias internas que, a su juicio, desmontan por completo la acusación.
“En el caso contra Peralta, la acusación no identifica ningún acto administrativo admitido, emitido o realizado por el señor José Ramón Peralta en su condición de ministro administrativo de la Presidencia”, concluyeron.
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