Santo Domingo. La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguró que es materialmente imposible que este haya cometido delito alguno en relación con los pagos por expropiaciones realizados durante su gestión, al tratarse de obligaciones legales del Estado dominicano sustentadas en sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales.
El abogado Eduardo Núñez explicó que dichos pagos se ejecutaron conforme a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13, y respondieron exclusivamente al cumplimiento de decisiones judiciales y tasaciones técnicas emitidas por la Dirección General de Catastro Nacional, sin margen de discrecionalidad administrativa.
Núñez indicó que una parte significativa de las expropiaciones correspondía a terrenos ocupados por el Estado desde las décadas de 1950 y 1960, utilizados para carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas, cuyos propietarios nunca habían sido debidamente indemnizados. Recordó que la Constitución dominicana prohíbe la ocupación de propiedad privada sin compensación previa y justa, por lo que la regularización de esas deudas era una obligación jurídica ineludible.
El jurista precisó que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales de la República, incluyendo sentencias de la Suprema Corte de Justicia, mientras que el resto se basó en avalúos oficiales, muchos de ellos por debajo del valor de mercado, posteriormente ratificados en sede judicial.
Lea también: Defensa de Donald Guerrero asegura que testimonio de exdirector de Casinos “aclara la verdad”
“Cumplir una sentencia judicial no constituye un acto de corrupción”, enfatizó.
Asimismo, aclaró que el Ministerio de Hacienda no fijó precios, no seleccionó beneficiarios ni resolvió conflictos de titularidad. “Hacienda actuó únicamente como ejecutor administrativo, verificando la documentación exigida por la ley y realizando pagos ya determinados por decretos, avalúos técnicos o sentencias definitivas”, sostuvo.
En relación con las imputaciones del Ministerio Público, la defensa reiteró que no existió daño patrimonial, no hubo decisión discrecional ni beneficio personal, elementos esenciales para la configuración de cualquier ilícito penal. Añadió que no existe evidencia financiera, documental ni administrativa que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, colusión institucional o manejo irregular de fondos públicos.
Núñez destacó que estas expropiaciones no generaron perjuicio económico al Estado, sino que representaron ahorros superiores a RD$10,000 millones, al haberse pagado múltiples indemnizaciones por debajo del valor real de mercado. “El Estado pagó lo que legalmente debía y mantiene el uso de terrenos destinados a fines públicos”, afirmó.
Finalmente, el abogado informó que la defensa presentará ante el tribunal los argumentos jurídicos, técnicos y constitucionales que, a su juicio, desmontan las imputaciones formuladas en el proceso iniciado en noviembre de 2020.
“Cuestionar estos pagos implicaría validar que el Estado pueda ocupar terrenos por décadas sin compensación, lo cual es jurídicamente insostenible, inconstitucional y contrario al interés público”, concluyó.
Etiquetas
