Compartir frontera con Haití implica, en muchos casos, llevar la defensa de nuestros derechos soberanos en territorio extranjero, con procedimientos y esfuerzos institucionales que mejoren nuestras políticas migratorias.
El caso más reciente de esa misión de la República Dominicana está en la visita hecha por funcionarios de la Junta Central Electoral a un organismo de la Organización de Estados Americanos en Washington, como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Tratándose de un país fronterizo, parte de una isla compartida, no puede haber defensa de nuestra nacionalidad sin que se hable de los nacionales haitianos, que entran, salen y hacen familias en ambos países.
De manera que tenemos una realidad innegable, que debe ocupar y preocupar a las autoridades de la JCE y, particularmente, a los funcionarios del Registro Civil, pero al mismo tiempo, se trata de un trabajo que deberá contar con una supervisión muy cercana, para que su eficacia no se confunda, como viene haciéndose, con asomo de discriminación o atropello de derechos.
La invitación hecha para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos visite el país es válida. No hay nada que ocultar.
De esa forma avanzaremos de manera más confiable sobre los asuntos migratorios ante los ojos de la Organización de Estados Americanos y del mundo.
