Las autoridades acusan al exprocurador Jean Alain Rodríguez de ser el cabecilla del entramado corrupto destapado por la Operación Medusa.
Santo Domingo.- El Consejo de Defensa del exprocurador, Jean Alain Rodríguez, informa que su cliente cumple hoy 60 días privado de libertad, con una orden de arresto y una resolución de medida de coerción que violentó su derecho de defensa y violatoria de los derechos constitucionales de presunción de inocencia.
A su vez afirmaron que sobre Rodríguez pesa una pena anticipada consecuencia del populismo penal que impulsa el órgano persecutor del delito. “Esta medida está basada en violaciones a la Constitución, en ilícitos penales y faltas disciplinarias que con saña y maléfica intención se han desplegado en su contra”.
Dentro de los señalamientos por los cuales está hoy Jean Alain Rodríguez imposibilitado de defender su honor en libertad, es por ser supuesto responsable de soborno, sin haberse identificado a los sobornantes.
Está imputado por vicios de construcción, sin ser ingeniero, sin haber sido el quien construyó las cárceles, y a pesar de que las actuales autoridades firmaron adendas a los contratos firmados por Jean Alain Rodríguez, dando por consiguiente aquiescencia los mismos.
De igual manera, Jean Alain Rodríguez está siendo imputado de sustraer equipos electrónicos como el Anti-drone, no obstante, habiendo constancia de que dicho equipo ha estado en todo momento en posición de la Procuraduría General de la República.
Los juristas expresaron su alta preocupación al referirse a la prisión preventiva de 18 meses que fue impuesta a su defendido, quien prácticamente está condenado a pesar de no haber sido juzgado, y lo que es más preocupante, en base a un expediente cuyos alegatos jurídicos absurdos, carentes de las debidas evidencias o acreditaciones en dicho expediente.
Preocupa igualmente a la defensa técnica de Jean Alain, las falsas premisas que ha divulgado el órgano persecutor del Estado, contribuyendo así a un criterio errado la opinión pública, por lo que entiende que se deben dar a conocer las informaciones pertinentes, para que la ciudadanía pueda llegar a sus propias conclusiones.
“En el país se está dando la tendencia de que los investigados son juzgados primero ante el tribunal de la opinión pública, carente del conocimiento de los expedientes, de las pruebas y del debido proceso. Es una tendencia peligrosa, que compromete y amenaza las decisiones judiciales, poniendo en riesgo los derechos constitucionales de los ciudadanos, ya que los jueces se ven presionados de tomar decisiones apegadas a la ley para evitar ser juzgados impopularmente en la opinión pública», afirmaron.
Actualmente la medida de coerción impuesta se encuentra pendiente de ser evaluada por la corte de apelación del Distrito Nacional.
En la audiencia pautada para el martes próximo, se analizará la decisión violatoria de sus derechos. El Consejo de Defensa espera que la sentencia dictada sea evaluada con fuerte apego a la ley.
