Hay dos tendencias humanas en una inmensa minoría de los dominicanos que son condenables. Violar olímpicamente las leyes y disposiciones y tratar de hacer fortuna, a cualquier precio. Algo que no es exclusivo de los dominicanos, sino de muchos conglomerados humanos donde se vive bajo el imperio de la democracia y las leyes.
Los dominicanos formamos parte de un país y una comunidad que ha demostrado, históricamente, disposición al trabajo honesto, a vivir bajo un régimen productivo basado en el respeto y apego a la honestidad. Ahora, de un tiempo a esta parte, hay malos dominicanos que quieren hacer de la violación de la ley una norma de vida. Eso es inadmisible y condenable.
El Senado de la República, con una gran voluntad de hacer aportes a nuestra democracia, aprobó un proyecto que endurece la ley sobre Declaración Jurada de Bienes. La pieza apunta a corregir ejemplarmente una situación que ya se sale de lo permisible en dependencias públicas, y que incluye ostentación de riquezas que rayan en lo bochornoso, por parte de ejecutivos de los tres poderes del Estado, así como funcionarios municipales, Cuerpo Diplomático y agentes de las instituciones armadas de la nación.
La ley ataca el enriquecimiento ilícito, pero no lo condenaba o establecía sanciones específicas. Ahora, con las modificaciones, se disponen penas de cinco a 10 años de prisión y la inhabilitación por 10 años para las personas que violen las disposiciones.
En el papel las leyes funcionan, se ven con el poder y la fuerza suficientes para enfrentar los males. Otra cosa sucede cuando se conoce el nombre y el apellido de quien viola la ley. Esperemos y confiamos- que con la entrada en vigencia de los nuevos refuerzos legales podamos ver castigados con el rigor correspondiente a los que intenten disfrazar los bienes ilícitos que tienen, violando la ley.
