Deberes de funcionarios

Cuando son aspirantes a un puesto público, muchos son capaces de hacer cualquier cosa para estar presentes, encontrar financiamiento para sus candidaturas, si se trata de un puesto de elección directa, y cumplir con los requisitos de ley ante la autoridad correspondiente.

Cuando son los titulares de un puesto, en el nivel que sea de la Administración, no dan pie con bola a la hora de cumplir con algunos deberes, como el de la declaración jurada de bienes.

Las facilidades y el buen trato ante estos incumplimientos son lastimosos.
Se les instruye con anticipación acerca de la manera de cumplir con este deber, se les extienden los plazos y, sin embargo, avanzan de un año a otro sin honrar esta obligación.

La Ley núm. 311-14 otorga en su artículo 5 un plazo de 30 días, al funcionario que le corresponda, para la presentación ante la Cámara de Cuentas de la declaración jurada de patrimonio. En su artículo 6 fija otros 30 días para hacerlo al finalizar la función pública de que se trate.

Cada año, los funcionarios obligados deben hacer una declaración jurada aleatoria con la que tampoco quieren cumplir bajo el argumento de que no pueden porque no saben hacerlo.

Lo menos que se puede esperar de un funcionario público es que sea diligente con sus obligaciones, y frente a las que tienen un carácter marcadamente jurídico, que se apoye en alguien entendido en estos menesteres, sea de su elección personal o de la institución o entidad bajo su responsabilidad.

Ayer estuvieron ante la Cámara de Cuentas titulares de la Federación Dominicana de Municipios y de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Estos señores no fueron a saludar a los titulares de este órgano fiscalizador.

Durante su visita se dedicaron a la penosa labor de “pedir cacao”, como se dice en dominicano, a favor de los incumplidores.