El economista Arismendi Díaz Santana ha dedicado su última columna (que hace llamar “Seguridad social para todos”) a criticar furibundamente la propuesta que la Coalición por la Seguridad Social Digna ha presentado -por segunda vez en dos años- para reformar el fallido e injusto sistema de inseguridad y despojo montado con la Ley núm. 87-01, bajo control de las AFP.
El problema no es la crítica de Díaz Santana, a la que tiene todo el derecho, sino la calidad de la misma.
Por un lado hace un llamado a defender las AFP a capa y espada, y proclama que la propuesta de garantizar una pensión mínima universal (igual al salario de las microempresas) y luego un sistema que premie los años cotizados otorgando un 70 % del salario a quienes aporten durante 20 años, hasta un 90 % para quienes coticen 40 años y más, sería “deficitaria” y “no se sabe cómo se financiaría”.
Esto no es debate de calidad. Primero, porque niega el cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 60 establece el derecho de todos a la pensión y la seguridad social.
Segundo, porque su “crítica” se basa en el supuesto falaz de que los beneficios se financian solamente con los aportes individuales, cuando Díaz Santana sabe que los sistemas solidarios y de beneficios definidos (como debe ser la verdadera seguridad social) se financian inter-generacionalmente y entre niveles de ingresos, es decir, socialmente, incluyendo al Estado.
Y, tercero, porque la propuesta explica los fundamentos demográficos y económicos oficiales que la sostienen, simula escenarios optimistas y pesimistas, y dice qué suma de cotizaciones y recursos fiscales se necesitaría (de un 0.7 % del PIB en 2025 a 1.6 % del PIB en 2045).
Ya sabemos: Díaz Santana dirá que sería un gasto “costoso e insostenible”. Pero antes, en un debate serio, Arismendi debería responder por el costo social (despilfarro) que significan los 113,357 millones de pesos que de 2004 a 2024 ha representado las AFP, sumando utilidades y gastos de funcionamiento. Un escándalo que parece invisible para quien habla de “irritantes privilegios de quienes parten y reparten y se quedan con la mayor parte”.
Pero Arismendi insiste en atacar propuestas alternativas y exaltar las recetas de las AFP: más cotizaciones, más años y un retiro a mayor edad. Nada de esto resolverá el problema, y si ya el Estado es el que paga las pensiones “solidarias” de hambre (RD$6,000) y no el fallido “Fondo de Solidaridad” imaginado por Díaz Santana, el futuro será aún más ineficiente, costoso, insostenible y dantesco, si no se cambia a tiempo.
Basta ver el caso de Chile, la meca del modelo. En ese país casi el 75 % de las pensiones son menores al salario mínimo y, mientras las AFP reciben casi US$12,000 millones al año, sólo destinan un 22 % a pagar pensiones y el 78 % restante lo invierten en mercados financieros. Entonces, para mejorar las pírricas pensiones, el Estado coloca US$150 millones más que lo que aportan las AFP y los seguros de vida.
Dicho de otro modo, el 82 % del gasto en pensiones proviene del Estado y sólo 18 % proviene de las AFP y aseguradoras.
Por algo el informe de la OIT en 2019 fue lapidario: las AFP no son seguridad social, sino un altísimo costo y sólo agravan el problema. El camino en los pocos países donde existen, como República Dominicana, es revertir la privatización y garantizar derechos.
Para lograrlo, tenemos que dar debates de calidad, y los poderes públicos deben hacer política pública para cumplir la Constitución y los derechos fundamentales, no negocios, posiciones ni intereses particulares.
